También se reformarían: edad mínima, tope máximo de pago mensual por jubilación y nuevas contribuciones

Por: Aarón Sequeira 29 marzo
Álvaro Ramos, jerarca de la Supén, asegura que con los resultados ya presentados por los actuarios de la UCR se pueden hacer reformas al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.
Álvaro Ramos, jerarca de la Supén, asegura que con los resultados ya presentados por los actuarios de la UCR se pueden hacer reformas al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.

La Comisión Especial de Pensiones acogió, este miércoles, un nuevo proyecto de ley más severo para discutir la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, luego de revelarse un hueco de ¢5,3 billones debido a las grandes ventajas que ofrece a los funcionarios judiciales, en comparación con las que recibe el resto de la población.

Estos son los principales cambios propuestos en el texto elaborado por la Superintendencia de Pensiones (Supén):

1- CÁLCULO DE LA PENSIÓN: Según este texto, las pensiones de los funcionarios de la Corte ya no se calcularían sobre los últimos 24 mejores salarios, como se hace actualmente, sino sobre todos los salarios recibidos a lo largo de la vida laboral.

Específicamente, se propone que la pensión equivalga al 100% del promedio de todos los salarios recibidos como funcionario judicial, traídos a valor presente.

2- EDAD MÍNIMA: Se incrementaría la edad mínima para jubilarse: ya no se exigiría un mínimo de 60 años para mujeres y otro de 62 para los hombres, sino 65 años para todos.

3- TOPE MÁXIMO: Se impondría un tope de ¢3,9 millones a las pensiones de la Corte, el equivalente a diez veces el salario más bajo en el Poder Judicial. Hoy, en la Corte se otorgan pensiones hasta de ¢9 millones.

Si bien hay un recorte, el monto todavía está lejos del tope que existe en el IVM, que es de ¢1,5 millones para jubilaciones normales y de ¢2,5 millones para jubilaciones con postergación, es decir, personas que siguen trabajando después de cumplir la edad requerida.

Antes de acoger este texto, los diputados discutían el tope alrededor de otro proyecto presentado los gremios judiciales, quienes sugerían imponer un máximo de 12 veces el salario más bajo pagado en la Corte Suprema de Justicia, o sea ¢4,7 millones.

4- CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: El nuevo texto además exigiría una contribución solidaria del 30% a todas las pensiones, vigentes y futuras, para financiar el mismo régimen. Por ejemplo, si alguien tiene una pensión de ¢3 millones, se le deducirían ¢900.000.

En el proyecto anterior, se le exigía una contribución solidaria, que oscilaría entre un 20% y un 50%, solo a las pensiones que superaran el tope de ¢4,7 millones y sobre el exceso a partir del límite. Una jubilación de ¢3 millones no se habría visto afectada.

El superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, dijo que era mejor extender el aporte solidario a todos porque, de lo contrario, solo lo habrían tenido que pagar unas 250 personas, que reciben los montos más altos. Ante consulta de la diputada Sandra Piszk, del PLN, el superintendente consideró posible hacer un escalonamiento en el cobro de esa contribución especial, para que no se les aplique el mismo porcentaje a todos los empleados judiciales.

5- COTIZACIONES: En cuanto a las cotizaciones que deben hacer los funcionarios, el texto acogido este miércoles mantiene las cotizaciones con esta estructura: 11% del empleado + 14,36% del Poder Judicial + 1,24% del Estado = 26,6%.

Así lo hace a pesar de que un informe actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR) advirtió de que, para sostener las pensiones actuales, los empleados tendrían que cotizar el equivalente a casi la mitad del salario (un 48,94%).

La única diferencia en este aspecto es que la Superintendencia propone dejar abierta la puerta para incrementar tanto la cotización del empleado como la del patrono hasta un 30% cada una, no así la del Estado.

Sin embargo, la cotización del patrono en realidad la aporta el mismo sector estatal, que financia al Poder Judicial.

En cuanto a la contribución del Estado, se establecería que esta debe ser igual a la que aporta a las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), como ocurre hoy, con un 1,24% sobre el salario, de manera que si el IVM le exige un mayor al Estado, este último también tendría que desembolsar más a las pensiones judiciales.

Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, hizo la salvedad de que el porcentaje total de cotización no podría superar un 55%.

Recuadro.
Recuadro.

6- TRASLADO A LA CAJA ÚNICA: Entre las principales propuestas hechas por la Supén a los diputados, también está la de trasladar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial a la Caja Única del Estado y quitar la administración de esos recursos de manos del Consejo Superior.

"El pago de las pensiones de los servidores a que se refiere este artículo (artículo 3 del nuevo texto) se hará con cargo al Presupuesto Nacional; no obstante, dicho pago será administrado por la Junta Administrativa del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial", dice el texto sustitutivo acogido.

Se trata de una junta nueva, que se crearía a partir de la entrada en vigencia de la ley y que se financiaría con un 0,005% de los salarios de los empleados judiciales.

Ramos reconoció que esto implicaría un costo de operación para el Estado, que sería aproximadamente de ¢63.900 millones al año, pero adujo que se pagaría con la contribución solidaria que se impondría a los actuales pensionados, que sería de un 30% sobre el monto que recibe por jubilación.

Según el jerarca de la Supén, hay una serie de malas prácticas que por varios años han castigado al fondo de las pensiones judiciales, entre ellas la posibilidad de pensionarse tan temprano como a los 48 años, la de permitir pensiones iguales al promedio de los últimos 24 mejores salarios y que la gerencia del fondo esté en manos de la gerencia general del Poder Judicial.

La votación

El nuevo proyecto fue acogido por siete votos contra uno y servirá como base para la reforma que los legisladores tratan de concretar desde agosto del año pasado.

Diputados como Jorge Arguedas, del Frente Amplio, y Julio Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), expresaron dudas de acoger ese nuevo texto, porque alegaron que no habían tenido tiempo para conocerlo a profundidad.

El socialcristiano Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidente de la Comisión Especial de Pensiones, les dijo que se había entregado el nuevo texto a los asesores el lunes.

Con Leiva, la liberacionista Sandra Piszk, la oficialista Marcela Guerrero y la libertaria Natalia Díaz promovieron la aprobación del nuevo texto, en vista de que el plazo de la Comisión está por vencer el 5 de abril, según lo ordenado por la moción de vía rápida aprobada a ese expediente legislativo.

Diputados sin oxígeno

La discusión de las reformas al sistema jubilatorio judicial no tiene mucho oxígeno en la Comisión Especial de Pensiones, pues el plazo para que los diputados emitan un dictamen se vence el miércoles 5 de abril.

Ante esta situación, varios consideran la posibilidad de pedir una extensión del plazo y que se apruebe por una mayoría calificada, o sea, los votos de 38 congresistas.

Sin embargo, Leiva teme que eso signifique un vicio en el procedimiento que les fijó la moción de vía rápida que habían aprobado en agosto y que les permitía ampliar el plazo una sola vez.

Ante ello, la Comisión en pleno aprobó hacer una consulta al Departamento de Servicios Técnicos y, de tener una respuesta positiva a su intención de ampliar el plazo, gestionar con los nueve jefes de fracción la posibilidad de aprobar esa ampliación lo más pronto posible.

Esa ampliación permitiría a los legisladores hacer consultas y, eventualmente, audiencias a los sectores interesados, en particular los magistrados, los gremios judiciales y el Ministerio de Hacienda, entre otros. De no tener cómo ampliar el plazo, tendrían que dictaminar, a golpe de tambor, a más tardar el próximo miércoles.

Ante las preocupaciones de los diputados, el superintendente de Pensiones aseguró que los resultados presentados por los actuarios de la Universidad de Costa Rica "son suficientes para tomar decisiones que nos aproximen a la solución del problema", pero reconoció que no serían la exactitud, pues aún los expertos académicos tienen pendiente la entrega de tres productos más solicitados por la Corte Suprema, entre ellos las recomendaciones específicas del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR.

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