Documentación requerida desde febrero pasado aún no ha sido retirada en el TSE

Por: Natasha Cambronero 22 octubre, 2014
La libre autodeterminación y el secreto del voto son derechos de todos los ciudadanos. Para las pasadas elecciones estaban llamados a ejercer el sufragio tres millones de costarricenses. | DIANA MÉNDEZ
La libre autodeterminación y el secreto del voto son derechos de todos los ciudadanos. Para las pasadas elecciones estaban llamados a ejercer el sufragio tres millones de costarricenses. | DIANA MÉNDEZ

El Partido Acción Ciudadana (PAC) pagó casi ¢2 millones por un trámite ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que no requería y que le pudo costar solo ¢5.000.

La agrupación desembolsó esa suma al solicitar por separado el padrón registro y la bitácora de 395 mesas receptoras de votos de las elecciones del pasado 2 de febrero, a pesar de que podía obtener toda esa información con una única gestión.

El monto se le depositó al abogado y dirigente, Jorge Sibaja Rodríguez, quien cobró ¢5.000 por autenticar la firma de Olga Marta Sánchez, entonces secretaria general del PAC, en cada una de las peticiones.

Los documentos se pidieron al TSE en un lapso de 11 días, entre el 5 y el 16 de febrero, como parte del “proceso de escrutinio y conteo manual de los votos”. Aunque solo el 14 de febrero Sánchez firmó la mitad de las solicitudes, es decir, 197.

Aunado a ello, hasta el día de hoy, el partido no ha reclamado esa documentación, a pesar de varios recordatorios de la Dirección de Registro Electoral del Tribunal.

Los casi ¢2 millones formaban parte de los ¢325 millones que Sibaja devengó por autentificar firmas en trámites para los que el TSE había advertido de que no era necesario hacerlo. Al final recibió ¢117 millones, ya que el resto lo donó en especie a la agrupación.

Esos pagos fueron excluidos a última hora de la liquidación de gastos que el Partido presentó al TSE para cobrarlos como parte de la deuda política, después de que La Nación revelara que eran innecesarios.

Desde el pasado 3 de setiembre el asesor jurídico del PAC descuenta dos meses de prisión preventiva, debido a una investigación judicial por un supuesto intento de estafa en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mal asesorada. Olga Marta Sánchez asegura que fue víctima de “una asesoría interesada” de parte de Sibaja y aduce que no tenía conocimiento de cuál era el procedimiento para obtener esa información.

Reconoce que le sorprendió los “sumamente numerosos” documentos que tuvo que firmar, pero no los cuestionó.

“Se le depositó toda la confianza como asesor, al final él faltó a sus principios éticos”, expresó Sánchez.

La hoy ministra dice que rubricó los 395 documentos en carácter de secretaria general del partido, a solicitud de Sibaja, quien le afirmó que requería esa información para cumplir con la tarea del escrutinio que se le había asignado.

Sorprendido. El director de Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández, no ocultó su asombro cuando se dio cuenta que el PAC gestionó esa información una por una, pues si bien legalmente no existe ningún impedimento, no es usual que eso ocurra.

Como tampoco es común que se pidan los patrones registro y las bitácoras de las juntas receptoras de votos.

“No existe ningún impedimento, ni ninguna directriz del Tribunal en el sentido la formalidad de hacer una gestión por separado o deben ser juntas, ya depende del gestionando (…) Esto no mucho lo piden hay que ver para que lo quieren”, aseveró Fernández.

Al jerarca también le llamó la atención que todos los documentos fueran pedidos por Sánchez, quien actualmente se desempeña como ministra de Planificación.

“Nos extraña porque todas son solicitudes independientes firmadas por la misma persona”, agregó.