Diputados presentaron solicitud este jueves a la presidenta de la República, Laura Chinchilla

Por: Alexandra Araya M. 4 julio, 2013
 ARCHIVOLa jefa de fracción del PAC, Carmen Muñoz, no avala la conformación de una de las comisiones claves.
ARCHIVOLa jefa de fracción del PAC, Carmen Muñoz, no avala la conformación de una de las comisiones claves.

La jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carmen Muñoz Quesada y el subjefe Claudio Monge Pereira, exigen a la presidenta, Laura Chinchilla, la salida inmediata de la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González.

Los legisladores solicitan a la mandataria aplicar la misma medida que tomó con el entonces ministro de Comunicación, Francisco Chacón, su exasesora Irene Pacheco y al director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mauricio Boraschi, quien era el principal encargado de su seguridad.

Lo anterior surge un día después de que la Procuraduría de la Ética entregara a la Fiscalía General un informe que señala faltas éticas a dichos funcionarios por el viaje a Perú que hicieron junto a la presidenta, Laura Chinchilla, en un jet privado facilitado por un cuestionado empresario.

"En su momento, la presidenta manifestó su indignación por los hechos que provocaron el escándalo del avionetazo. Ahora posee el criterio de la Procuraduría de la Ética y es por completo justificable que exija la renuncia de la Ministra González o que proceda a su destitución" expresó Muñoz.

Monge, por su parte, calificó la actitud de la Ministra de Comercio Exterior, ante el informe de la Procuraduría, como una muestra de altanería e irrespeto al pueblo costarricense.

"Doña Anabel considera que está por encima de cualquier crítica, por encima de cualquier falta ética. Su deber con Costa Rica es dar la cara y renunciar de inmediato a su puesto", dijo Monge.

Ayer, la ministra de Comercio Exterior expresó, mediante un comunicado, que el informe pone en "duda su buen nombre".

Asimismo, reprochó la actitud del Procurador pues a su criterio se está violando el deber de confidencialidad que le impone la ley en relación con que estos informes salgan a los medios de comunicación con declaraciones imprecisas, dañando su nombre y reputación.