Legislador presentó cerca de 200 modificaciones al proyecto de Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas y tiene derecho a hablar 15 minutos por cada una de ellas

Por: Aarón Sequeira 7 septiembre, 2016
El diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, centra sus esfuerzos en impedir que la Asamblea apruebe un impuesto a las personas jurídicas que financiaría a los ministerios de Seguridad Pública, de Justicia y al OIJ. Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, también es miembro de la Comisión de Hacendarios donde se da esa discusión.
El diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, centra sus esfuerzos en impedir que la Asamblea apruebe un impuesto a las personas jurídicas que financiaría a los ministerios de Seguridad Pública, de Justicia y al OIJ. Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, también es miembro de la Comisión de Hacendarios donde se da esa discusión.

Otto Guevara promete hablar más de 100 horas en la Comisión de Asuntos Hacendarios para impedir la aprobación del impuesto a las personas jurídicas, el cual se destinaría a financiar al Ministerio de Seguridad principalmente.

En términos prácticos, esas 100 horas se transformarían en más de siete meses de espera.

Con la intención de bloquear el impuesto, el diputado libertario presentó cerca de 200 mociones al proyecto de ley. Y el Reglamento de la Asamblea Legislativa le permite hablar 15 minutos para defender cada una de esas mociones y otros 15 minutos para respaldar cada una en revisión.

Si Guevara fuese el único que usa la palabra en las sesiones de la Comisión de Hacendarios, que se reúne una hora y 45 minutos dos veces por semana, se requerirían 57 sesiones para escuchar al libertario. Es decir, al menos siete meses.

El diputado alega que quiere proteger el bolsillo de los costarricenses del cobro de un impuesto.

"Yo tengo cerca de 200 mociones y pretendo hablar cerca de 15 minutos por cada una de ellas y luego voy a presentar una moción de revisión por cada una de las 200, eso son 30 minutos por cada moción. Lo que busco es ganar tiempo, hacer ver que un proyecto como ese no debería ir, porque busca meter un impuesto y contradice lo que han dicho otros partidos en relación con que primero hay que aprobar planes sobre reducción de gasto público, poner orden en empleo público y transparencia, y luego discutamos impuestos", aseguró Guevara.

La frenteamplista Patricia Mora respondió que es grave el empecinamiento del libertario en "entorpecer una iniciativa parlamentaria para hacer justicia".

Rolando González, legislador de Liberación Nacional (PLN), negó la afirmación de Guevara de que se trata de un nuevo impuesto, pues recortó que este es el mismo tributo aprobado durante el gobierno de Laura Chinchilla que la Sala IV anuló, por razones de procedimiento, a partir del 2016.

"El Ministerio de Seguridad ha visto reducido su presupuesto en los dos últimos años en ¢90.000 millones, que han tenido un impacto directo en la captación de recurso humano, en capacitación y equipamiento", alegó el verdiblanco.

Para González, no hay excusas para no darle el voto al impuesto que plantea el Gobierno, aunque los socialcristianos dudan de darle el voto y, más bien, buscan condonar las deudas de las sociedades anónimas que lo pagaron entre el 2012 y el 2015 mientras estuvo vigente.

El Registro Nacional, recaudador del impuesto, estima que esa deuda asciende a ¢127.000 millones.

"Demagogia".

Según Otto Guevara, el discurso del Gobierno de que cada segundo que no tenga acceso a esos recursos para destinarlos al combate de la inseguridad es un "argumento demagógico".

"Después de lo que sucedió con el niño asesinado en el Caribe, el presidente (Luis Guillermo Solís) salió a decir que con recursos de este proyecto se contratarían 1.500 policías. Yo demostré hoy, en Hacendarios, que entre los destinos fijados en ese proyecto no hay un solo cinco para contratar un solo policía, ni para pagar siquiera remuneraciones", apuntó Guevara.

El 90% del tributo financiaría al Ministerio de Seguridad Pública (para infraestructura de delegaciones policiales y compra de equipo policial, pero se prohíbe el uso para pagar salarios, remuneraciones, transporte o consultorías), el 5% al Ministerio de Justicia (para destinarlo a la Dirección General de Adaptación Social) y el otro 5% al Organismo de Investigación Judicial (con el fin de darle dinero al combate del crimen organizado).

En enero del 2015, la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional, porque cuando aprobaron la ley, los diputados incumplieron con la publicación de la versión final de la ley y cometieron un error de forma, imperdonable en cuestiones de apego a la Carta Magna.

En el marco de un bloqueo tan fuerte al proyecto de ley, al Gobierno le tocaría negociar con Guevara, pues el de las personas jurídicas es un impuesto que han impulsado con fuerza, junto con los del impuesto al valor agregado (IVA) y el de la renta.

Guevara adelanta que, aun si los demás partidos logran pasar el bloqueo de Hacendarios, él intensificará el uso de la palabra en plenario contra el proyecto.