Ni el ministro de Hacienda aprobaría el presupuesto extra del Gobierno si no suben impuestos

Si Helio Fallas, ministro de Hacienda, fuera diputado en este momento, no aprobaría el Presupuesto Extraordinario por ¢79.000 millones que él mismo les solicita autorizar a los legisladores, sin tener la seguridad de que se van a incrementar los impuestos de ventas y renta.

Así respondió el jerarca encargado de las finanzas del Estado a una consulta de Ottón Solís, congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC), este jueves 15 de junio, cuando el parlamentario le presentó ese escenario hipotético a Fallas.

"Yo no voy a votar el presupuesto extraordinario por puro gasto corriente (el destinado a gastos como salarios, no a obras) . Y usted ¿lo votaría si fuera diputado? Con estos datos que nos ha dado...", le preguntó Solís al ministro durante una audiencia en la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público.

La respuesta de Fallas dejó perplejos a varios legisladores en esa comisión. "Si yo fuera diputado, arriesgándome mucho con lo que voy a decir porque nunca he pretendido venir a la Asamblea, si yo tuviera la seguridad de que se aprobaba IVA (impuesto al valor agregado) y renta, sí lo aprobaría. Si yo tuviera la seguridad. Si no, pues no", respondió el encargado de la situación fiscal del Gobierno.

En otras palabras, si Fallas estuviera en este momento sentado en una curul, su posición sería más cercana a la de la Unidad Social Cristiana (PUSC) o a la de Ottón Solís, que a la de los legisladores del PAC y del Frente Amplio, quienes están a favor del plan de gastos propuesto por el Gobierno.

¿Por qué? Porque efectivamente, en el contexto actual de la integración legislativa, no hay esperanzas de que se aprueben, ni el proyecto para transformar el tributo sobre las ventas en un impuesto al valor agregado (IVA), ni una modificación de la estructura del impuesto sobre la renta.

La mayoría de este presupuesto extraordinario, el 60%, se destinaría a crear 845 plazas en el PANI, a fin de cumplir con una orden de la Sala IV sobre el traslado de recursos a esa institución.

Y para ello, el Gobierno no dispone de recursos adicionales.

La declaración de Fallas generó todo tipo de interpretaciones, tanto de los opositores a los impuestos como de Solís e, incluso, del viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, apodado en el Congreso como el "viceministro de los impuestos".

Solís cree que, en el fondo de la argumentación del jerarca está la intención de alertar sobre la urgencia de aprobar los proyectos sobre los impuestos, por la situación fiscal del país, ya advertida esta semana por Hacienda, cuando se indicó que el déficit subió.

El Gobierno advirtió que, al ritmo de gastos e ingresos de hoy, para el 2021 la deuda pública sobrepasará el 60% del producto interno bruto (PIB). El año pasado cerró en el 45% de la producción del país.

Rodríguez, por su lado, consideró que el ministro de Hacienda dio una respuesta "audaz", ante una pregunta que "se las traía".

"Bueno, es que si yo fuera diputado y a mí me piden ordenar este asunto, yo lo primero que hubiera hecho es aprobar una reforma tributaria, para poder decir, ahora sí, en qué la quiero gastar. (...) Lo que nosotros tenemos que decir no es en qué vamos a gastar la plata, sino de dónde la vamos a conseguir, para después gastarla", reforzó el viceministro.

El problema de la declaración de Fallas es que, precisamente, es el Ministerio de Hacienda el encargado de preparar el Presupuesto Extraordinario, el primero que se envía este año, donde pide el permiso para incrementar los gastos de varios ministerios en ¢79.000 millones.

Tanto Solís como Rosibel Ramos, del PUSC, critican que solo por una orden judicial se le destinen al PANI tantos recursos. "Históricamente el PANI subejecuta, o sea, solo gasta el 80% de su presupuesto en promedio", dijo Ottón Solís.

Pero es precisamente esa la razón que el viceministro Rodríguez alega para tener que defender un presupuesto como el extraordinario, lleno de gastos corrientes financiados con deuda.

"Hay que dejar algo muy claro, nosotros tenemos en el extraordinario una cantidad importante de recursos que están ahí porque un tribunal nos obligó a ponerlos ahí. (...) Don Helio fue muy claro, en el sentido de que a nosotros nos gustaría que podamos tener un presupuesto ordenado, con finanzas públicas ordenadas", comentó el viceministro.

Eso significa, para Rodríguez, que los presupuestos actualmente son un desorden porque hay gastos con destinos específicos amarrados a los ingresos. En otras palabras, si el Gobierno recoge más y mejor los impuestos, tiene que aumentar las partidas que reparte a ciertos objetivos.

Ese es el caso de, por ejemplo, el presupuesto asignado en la Constitución para el Poder Judicial: un 6% de los ingresos ordinarios anuales del Gobierno; o bien, lo destinado constitucionalmente para la educación: un 8% del producto interno bruto (PIB).

Parte del reclamo de los legisladores es que el 60% de ese plan de gastos adicionales va para el PANI y el resto son partidas con las que el Gobierno quiere recuperar lo recortado por el Congreso en noviembre del año pasado.

El 31 de mayo, esta iniciativa pasó de la Comisión de Hacendarios al plenario legislativo y actualmente está en el trámite de mociones de fondo. Los diputados tienen tiempo para aprobarla hasta el 4 de julio, tal como lo establece la legislación.

Específicamente, ese proyecto de ley de Primer Presupuesto Extraordinario incluye los siguientes gastos:

PANI: 47.831

Poder Judicial: 5.242

Ministerio de Agricultura y Ganadería: 4.666

IMAS: 4.200

Seguridad: 2.807,6

Minae: 2.569

Hacienda: 2.517

MOPT: 2.325

Ministerio de Cultura: 2.325

Ministerio de Gobernación: 2.000 (para proyectos de Dinadeco)

MEP: 774

Cancillería: 629

Justicia: 346

Presidencia: 292

Micitt: 230

Trabajo: 64,6

Salud: 50

MEIC: 30,6

Ministerio de la Presidencia: 27,8

Ministerio de Vivienda: 17

Total: poco más de ¢79.000 millones.

Nota: cifras en millones de colones.

Fuente: proyecto de ley 20.341.