EscucharRodolfo Navas Alvarado, uno de los dirigentes de más larga trayectoria dentro del sector cooperativo, anunció ayer que no disputará el control de posiciones directivas dentro del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOP), que elegirá su junta directiva el próximo 9 de junio.
Tras explicar que en adelante mantendrá únicamente su cargo como presidente del Banco Cooperativo (BANCOOP), Navas enfatizó: "Por ahora no tengo otras aspiraciones."
Aunque omitió entrar en detalles al respecto, el líder cooperativista abandonará su tradicional posición de alto jerarca de ese movimiento en momentos en que una lucha por el control de CONACOP parece inclinarse en favor de un grupo contrario a él. El fin de semana pasado fueron elegidos 30 nuevos delegados a la elección de esa entidad, de los cuales presuntamente 20 lo adversan.
Navas reconoció que hay "una lucha democrática" por las posiciones de dirigencia y añadió que incluso hay una fuerte participación del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a través de sus cooperativistas.
Causas judiciales
La disputa por el control del movimiento cooperativo se produce mientras el plenario legislativo discute sendos informes de una comisión especial, que determinó la existencia de manejos inadecuados de fondos públicos en ese sector en años pasados.
A raíz de tales informes, emitidos en 1990, el entonces diputado Rodrigo Gutiérrez Sáenz planteó dos causas judiciales contra Navas y otros dirigentes por los supuestos delitos de defraudación fiscal y administración fraudulenta, de las cuales la primera fue desestimada. La segunda arrojó un sobreseimiento obligatorio en favor del jerarca cooperativo.
Gutiérrez explicó que el primer caso se refería a la Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCCA), la cual importó unos 60 vehículos exonerados de impuestos en un período de seis años, cuando al parecer la ley les autorizaba solo dos cada dos años.
La otra causa se entabló por el supuesto traslado de fondos del Presupuesto Nacional para financiar una cooperativa de comercio mayorista de productos agropecuarios, agregó.
El exlegislador reconoció, empero, que desconocía en qué concluyeron las causas pues su función como legislador se limitaba, en este caso, a enviar al Ministerio Público casos en que hubiese sospecha de dolo.
Aunque Navas Alvarado fue exonerado de tales cargos, de aprobarse al menos el informe de mayoría que se discute en el Congreso, el mismo sería remitido al Ministerio Público para que actúe "en relación a los casos donde se demuestre la desviación o distracción de fondos públicos". Eso implica que la Fiscalía podría abrir nuevas causas, si estima que hay mérito para ello.
Mientras Gutiérrez denunció que en varias instancias públicas hubo interés en obstaculizar esta investigación, Navas alegó que "es claro que ese informe tenía un alto contenido político y que sus intención era establecer cargos contra algunos directores cooperativos".
