"Es algo muy grave para el país" permitir las huelgas, dice Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense

Por: Aarón Sequeira 10 septiembre, 2014
El jefe libertario, Otto Guevara, llevaría la reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo a consulta de la Sala IV.
El jefe libertario, Otto Guevara, llevaría la reforma al Sistema de Banca para el Desarrollo a consulta de la Sala IV.

Los nueve diputados del Movimiento Libertario y el bloque cristiano anunciaron esta tarde su férrea oposición a la reforma procesal laboral que el lunes presentaron el PAC, el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana.

Estos legisladores, de la Alianza Demócrata Cristiana, Accesibilidad Sin Exclusión, Renovación Costarricense y Restauración Nacional, dijeron que es muy grave para el país permitir las huelgas en los servicios públicos esenciales.

Por ello, Mario Redondo, de la ADC, dijo que se presentó un proyecto de ley para impedir que los empleados de los servicios esenciales (como la policía, atención en los hospitales, transporte y otros) se puedan ir a huelga bajo ningún motivo.

Además, Otto Guevara, jefe del Libertario, aseguró que en la iniciativa se cambia el porcentaje necesario para que la fuerza laboral de una empresa privada se vaya a huelga, del voto de una mayoría del 30% de los trabajadores, al 50% más uno de los empleados.

Según los legisladores, el temor que tienen es que los índices de competitividad del país sigan bajando, cuando ya los empresarios reclaman que la electricidad y los combustibles están muy caros.

Redondo y Guevara anunciaron, además, que utilizarán todos los recursos que estén en sus manos para bloquear el avance de la iniciativa de Acción Ciudadana, el Frente Amplio y el PUSC.

"Estoy seguro de que varios compañeros de la Unidad se unirán a nosotros", dijo el libertario.

El jefe de la fracción de Renovación Costarricense, Abelino Esquivel, aseguró que los diputados no solamente tienen que pensar en la fuerza laboral, sino también en la fuerza productiva del país, en alusión a los empresarios.

Además, los nueve legisladores impulsarían un proyecto de ley para que se apruebe, por separado, para instaurar la oralidad en los juicios laborales, tema frenado a causa del veto de Laura Chinchilla, en octubre del 2012, a la Reforma Procesal Laboral, acuerdo legislativo 9.076.