Pidió a Registro Civil prohibir vínculo; acudió a PANI y a Sala Constitucional

Por: Sofía Chinchilla C. 3 septiembre, 2016
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La preocupación de una jueza de familia dejó en suspenso el matrimonio que pretendía un hombre de 45 años con una joven de 16.

Estos hechos ocurrieron dos años atrás, en el Juzgado de Familia de Desamparados, dependencia a la que se presentó la pareja con la intención de que los casaran, con el permiso de los papás de la muchacha.

Desde entonces, el caso quedó en espera, pues la jueza Maureen Solís dictó una medida cautelar atípica: pidió al Registro Civil anotar al margen de la inscripción de nacimiento de la muchacha que ella tenía prohibición para casarse.

“Si yo no lo hacía, este señor iba a ir a casarse con esa chiquita con cualquier notario”, justificó Solís, la semana pasada.

La historia cobra relevancia en este momento, cuando está por aprobarse de manera definitiva en la Asamblea Legislativa una ley que prohíbe el matrimonio de adultos con personas menores de edad o entre menores.

Esa normativa, además, castiga con cárcel a los adultos que sostengan relaciones sexuales con menores, según la diferencia de edad.

Una ‘emergencia’. La funcionaria recordó que el día en que se presentaron los contrayentes al Juzgado, estaba fuera de la oficina, pero la llamaron de emergencia.

Sus subalternos, explicó, le pidieron volver rápido porque la persona que la sustituía le estaba dando trámite a la petición de la pareja “como si fuera cualquier cosa”.

A su llegada, frenó el proceso y ordenó un estudio social y pruebas psicológicas a la joven.

Según la jueza de familia de Desamparados, la relación entre el hombre y la muchacha había comenzado tres años atrás, cuando ella tenía 13 y él, 42.

Los padres de la joven contaron que ellos se conocieron cuando el individuo les hizo algunos trabajos de construcción en la casa. Además, señalaron que estaban de acuerdo con que se efectuara el matrimonio.

Con estos antecedentes, la jueza Solís pidió la intervención del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), entidad que la ubicó en un albergue para adolescentes, pues para entonces, la joven estaba embarazada.

La joven se percató de su estado cuando llegó al Hospital San Juan de Dios con otra dolencia. Ahí, una trabajadora social incluso informó de la situación a la Fiscalía, ante la posibilidad de que el embarazo fuera producto de un delito.

El Ministerio Público informó de que una denuncia por violación y dos más por relaciones sexuales con persona menor de edad contra el individuo no prosperaron.

Asunto de conciencia. En un intento por aclarar el asunto, Solís presentó una consulta ante la Sala Constitucional, para saber si procedía o no oficializar el vínculo entre la muchacha y el adulto.

De acuerdo con el texto vigente del Código de Familia, es permitido el matrimonio de las personas mayores de 15 años, siempre que tengan la autorización de al menos uno de sus padres.

“Yo no voy a casarlos. Si, a mí, la Sala (Constitucional) me dijera que me tranquilice y que no hay problema, yo tendría que hacer una objeción de conciencia”, comenzó la funcionaria.

Los magistrados, en voto de mayoría de mayo del 2015, que no habían sido notificados, decidieron no evacuar la consulta.

Solo el magistrado Fernando Cruz señaló que “el matrimonio impropio es inconstitucional”.

Para este momento, empero, ya la muchacha tiene la mayoría de edad, condición que le permitiría casarse si así lo quisiera, sin importar la diferencia de edad.