Inquietud por cese de contratos temporales

Al igual que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), otras entidades estatales, entre las que se incluyen los bancos nacionales, no renovarán los contratos de sus trabajadores temporales.

Aunque persisten las discrepancias sobre el número de personas a las que afectará la medida -cifras dadas por voceros oficiales-, los sindicatos insisten en que entre el ICE, entidades bancarias y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se prescindirá de alrededor de 3.500 empleados.

Hasta el momento, han salido del sector público 4.000 servidores, que se acogieron a la movilidad voluntaria.

En el caso del ICE, según precisaron Francisco Aguilar y Fabio Chaves, de la Asociación Sindical de esa entidad (ASDEICE), los 1.400 burócratas a quienes no se les renovará el contrato representan un 10 por ciento de la fuerza laboral. El pago de sus salarios asciende a ¢100 millones mensuales.

"Pero lo que más nos preocupa es que gran parte de los compañeros que tienen contratos temporales están en funciones de servicio al público. Por ejemplo, con ellos hemos logrado atender el 66 por ciento de las llamadas a averías en 24 horas. Están en expansión de líneas rurales y conexiones, entre otros", dijo Aguilar.

La reducción de 1.000 burócratas en el MOPT, de lo cual se habla reiteradamente, fue negada por el titular de ese cartera, Bernardo Arce. "Se dará una restructuración fuerte, todo empleado al que le sobre el tiempo puede estar seguro que será despedido, pero ahora no tenemos idea de cuántos serán porque primero se hará un reordenamiento interno; hay demasiados jefes y oficinistas", señaló Arce.

Al respecto, el jerarca de Hacienda, Fernando Herrero, manifestó que el único lineamiento general para el sector público dado por el Gobierno es el aumentar la eficiencia.

"Las medidas que decidan tomar en cada institución son cosa de sus jerarcas; nosotros solo pedimos mayor eficiencia para ser más competitivos", agregó Herrero.

Para Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), esta es una burla más del Gobierno, por lo que proponen "formar un frente laboral para generar un movimiento de acción y lucha".

Según la abogada Gloria Navas, los burócratas estarían en derecho de solicitar sus prestaciones pues, por medio de la figura del "contrato realidad", existente en derecho laboral, pueden demostrar que mantuvieron una relación ininterrumpida y permanente con la institución y, por ende, hacer el reclamo legal respectivo.

Bancos en la mira

Mientras el Banco Nacional y el Banco Popular no tienen contemplada una política de despidos -pero sí de congelamiento de plazas-, en el Crédito Agrícola sí se seguirá la estrategia de frenar la renovación de contratos.

De acuerdo con Ricardo Castro, directivo de esa institución, el cese de funcionarios será una realidad para los servidores en cargos interinos o temporales. Sin embargo, Castro declinó precisar la cantidad de burócratas que se hallan en esa situación.

Por otra parte, ayer se rumoraba que una situación similar experimentaría el Banco de Costa Rica, que tendría en la mira la salida de cerca de 1.000 funcionarios. No fue posible corroborar esta cifra con autoridades de la entidad.

"En el caso de los bancos hay un acuerdo para hacerlos instituciones eficientes y modernas y, como parte de eso, la administración de los bancos está decidiendo qué hacer", explicó Fernando Herrero.

Colaboraron en esta información Carlos A. Villalobos y Mauricio Herrera, redactores de La Nación.