La administración de Luis Guillermo Solís pasó de las palabras a los hechos en su intención de reducir los beneficios laborales del Sindicato de Japdeva (Sintrajap).
Aun en medio de la negociación para buscarle una salida a la huelga de muelleros, la presidenta ejecutiva de la institución portuaria, Ann McKinley, denunció la convención colectiva ante el Ministerio de Trabajo. Ese es el primer paso para renegociarla.
McKinley lo hizo con un alegato económico: los derechos de los trabajadores no pueden poner en apuros las finanzas del Estado y, en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), hay un desequilibrio.
Añadió que el ciudadano común no estaría tan preocupado por el costo de las convenciones colectivas si estas ayudaran a garantizar servicios de primera calidad, pero en este caso no es así.
“Japdeva no puede seguir adelante con esta convención colectiva. Ha llegado a este punto por la irresponsabilidad de administraciones anteriores. Cada vez que había huelga, las negociaciones acababan con entregar este tipo de beneficios sin tener en cuenta el impacto en las finanzas y operatividad de Japdeva”, alegó.
Entre los beneficios, están 30 días de vacaciones al año para el que tenga más de ocho años de laborar; ¢34.000 adicionales por feriado laborado y 30% más sobre el salario base a los profesionales.
Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap, niega que la huelga pretenda defender beneficios: “No estamos pidiendo gollerías, salarios, ni mucho menos”.
La convención vence el 31 de diciembre. Trabajo convocará a las partes a renegociar. Mientras, sigue vigente el acuerdo actual.