Expropiaciones necesarias para hacer vías costarán ¢871 millones

Por: Diego Bosque 17 septiembre, 2015
En Turrúcares, Alajuela, las propiedades de varios vecinos quedaron entre la línea del tren y la vía tras la construcción de la ruta San José-Caldera. Los afectados dicen que analizan la posibilidad de presentar acciones legales contra el Estado. | JOSÉ CORIDERO
En Turrúcares, Alajuela, las propiedades de varios vecinos quedaron entre la línea del tren y la vía tras la construcción de la ruta San José-Caldera. Los afectados dicen que analizan la posibilidad de presentar acciones legales contra el Estado. | JOSÉ CORIDERO

Por medio de recursos de amparo o demandas en el Tribunal Contencioso Administrativo, 38 vecinos de la vía a Caldera obligaron al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a construir una calle paralela para tener acceso a esa ruta.

Los propietarios demostraron que la construcción de la carretera cortó la entrada a sus propiedades.

Para hacer las vías marginales, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) –ente adscrito al MOPT– debe expropiar parte de los 38 terrenos de los afectados y luego realizar las obras.

Adquirir los lotes le costará al Estado ¢871 millones.

No obstante, Concesiones solo tiene presupuestados ¢500 millones, lo cual alcanzaría para atender a 20 de las 38 fincas.

Auria Vargas, dueña de esta propiedad en La Guácima, Alajuela, también analiza la posibilidad de demandar al Estado. | NATALIA RODRÍGUEZ
Auria Vargas, dueña de esta propiedad en La Guácima, Alajuela, también analiza la posibilidad de demandar al Estado. | NATALIA RODRÍGUEZ

Las demás expropiaciones fueron incluidas en el presupuesto ordinario del 2016, que está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa.

Del total de fincas por expropiar, 23 le pertenecen a sociedades anónimas, 13 a personas físicas y dos al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).

Benjamín Castillo Lara es una de las personas que se beneficiarán con los caminos.

Castillo prefirió no dar detalles sobre el proceso legal que emprendió contra el Estado, ya que aún está abierto.

Según el CNC, a Castillo le deben expropiar 344 m² por un valor de ¢28,8 millones.

Sylvia Jiménez, secretaria técnica del CNC, señaló que los costos de las mejoras son responsabilidad del MOPT y no se podrán achacar a Globalvia, concesionaria de la ruta 27, porque no son obras incluidas en el contrato de concesión.

La funcionaria afirmó que estos trabajos extra no se deben a falta de planificación del MOPT a la hora de negociar la concesión de la carretera ni a omisiones del concesionario.

“Muchos de los casos que estamos viendo son gente que tenía una propiedad, y al estar la carretera, le dieron un uso distinto, como un taller o una frutería, y esas son cosas que no existían; entonces, no puede ser falta de planificación”, argumentó Jiménez.

El MOPT desconoce cuánto costará construir vías marginales y la fecha de inicio.

No obstante, Jiménez espera empezar las primeras 20 en el primer semestre del próximo año.

Más reclamos. La necesidad de más vías paralelas en la ruta 27 podría aumentar en los próximos meses, pues varios grupos de vecinos preparan acciones legales contra el Estado para conseguir una calle de acceso.

“Nosotros somos de los afectados por la construcción de la carretera porque mi papá vendió al Estado parte de su finca para la carretera y no se nos hizo un acceso y quedamos con la ruta 27 de frente y la línea del tren atrás”, manifestó Gerardo Hernández, vecino de Turrúcares.

Hernández y sus hermanos finalizan unos trámites en el Registro Nacional para luego interponer un recurso de amparo contra el Estado.

Auria Vargas, vecina de La Guácima, es otra persona que analiza la posibilidad de pedir la construcción de una entrada.

“Esos procesos legales son caros y por eso no lo hemos hecho; el no tener un camino público hasta nos obligó a comprar un tanque de agua”, aseguró la mujer.