Anterior Comité Ejecutivo del Partido impulsa la denuncia por engaño de Sibaja

 5 noviembre, 2014
Jorge Sibaja Rodríguez, exdirigente del PAC y quien fue abogado del Partido, está en prisión por un caso de fraude relacionado con la CCSS. | ARCHIVO.
Jorge Sibaja Rodríguez, exdirigente del PAC y quien fue abogado del Partido, está en prisión por un caso de fraude relacionado con la CCSS. | ARCHIVO.

La ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, demandó a Jorge Sibaja Rodríguez, exabogado del Partido Acción Ciudadana (PAC), por los ¢117 millones que cobró por autentificar firmas en la campaña electoral, cuando ella era la secretaria general de la agrupación, a pesar de que el trámite era innecesario.

Sánchez acudió al Ministerio Público el pasado 25 de setiembre junto a otros miembros del Comité Ejecutivo de ese entonces: el presidente Olivier Pérez y la tesorera Leda Zamora (exdiputados del PAC en el periodo 2006-2010).

Ellos acusaron a Sibaja por fraude; alegan que el abogado presentó documentos “falsos o adulterados” para cobrar miles de certificaciones de firmas.

Zamora aseguró ayer que la denuncia se sostiene por sí sola y que todos los hechos son veraces, por lo cual cree que la Fiscalía encontrará pruebas suficientes para comprobar el delito de fraude.

“Consideramos que hubo una asesoría interesada, hubo un abuso de la confianza que las autoridades del partido depositaron en su asesor electoral”, añadió.

Durante la campaña, el Comité Ejecutivo del PAC le encargó a Sibaja una asesoría electoral y acordó pagarle ¢5.000 por autentificar las firmas de los dirigentes de la agrupación en documentos que debían ser enviados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Al culminar las elecciones, La Nación reveló que Sibaja facturó el equivalente a la certificación de más de 23.000 firmas , al tiempo que el TSE reconocía que el trámite no era necesario. Muchas rúbricas correspondían a la actual ministra.

Por ejemplo, el abogado certificó 395 cartas firmadas por Sánchez para pedir el resultado de un número similar de mesas de votación del 2 de febrero. Esas solicitudes costaron ¢2 millones, pese a que el TSE no requería la autentificación de la firma para entregar los datos que, de por sí, el Partido nunca recogió.

Según Pérez, los tres demandantes tienen “suficientes indicios” para suponer que Sibaja vulneró los controles a fin de devengar “sumas cuantiosas”.

El expresidente de Acción Ciudadana considera que una persona no puede autentificar tantos documentos en solo nueve meses (de octubre del 2013 a junio del 2014).

“Si realmente se hicieron tantas autentificaciones, la Secretaría General del PAC (entonces a cargo de la hoy ministra Sánchez) debió realizar una firma cada tres minutos, durante ocho horas diarias, cada día efectivo de la campaña electoral, y el licenciado Sibaja Rodríguez el mismo número de autentificaciones, lo que es imposible”, manifestó Pérez.

Agregó que un reporte del Cuerpo Nacional de Delegados del TSE certificó que solo recibieron 917 trámites autentificados por Sibaja; es decir, un 4% de lo que cobró.

En realidad, el abogado facturó un total de ¢325 millones, pero aceptó recibir ¢117 millones tras donar en especie dos terceras partes del trabajo realizado al PAC.

Los tres denunciantes coincidieron en que el abogado le ocasionó un daño económico superior a los ¢300 millones al PAC, sin contar el daño moral. Esa suma es el equivalente a las firmas que cobró y que ahora dudan, haya certificado.

“Aclaramos que de esta suma, él solo percibió ¢117 millones y que el resto supuestamente lo donó al Partido, donación que no ha sido posible hacer efectiva”, resalta en el texto de la denuncia.