La concesión del Megapuerto de Transferencia del Atlántico cumple nueve años varada en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Este plan pretende levantar en Moín, Limón, una terminal para recibir grandes buques portacontenedores y facilitar el transbordo de mercancías a otras embarcaciones que viajen al sur o el norte del continente.
El proyecto, propuesto por la empresa Amega desde 2007, apenas ha superado la primera de tres etapas que establece el Consejo antes de ejecutar su construcción.
La propuesta tiene, desde el 2008, la declaratoria de interés del Gobierno. Sin embargo, aún no se da el visto bueno para iniciar los estudios de factibilidad.
José Dengo, gerente de Amega, manifestó que el proyecto ha tenido que lidiar con inexperiencia del Consejo, pues esta fue la primera iniciativa privada que llegó a esa entidad.
“La fase de estudios de factibilidad debió iniciarse, más o menos, hace tres años, en abril de 2013, pero en ese momento hubo una confusión cuando se publicó el cartel de licitación porque el anuncio de la publicación decía una fecha (para recepción de ofertas), pero en el propio cartel de licitación decía otra fecha”, explicó Dengo.
La compañía debe presentar estudios técnicos, financieros y ambientales para demostrar la factibilidad de la idea.
La inversión sería de $1.000 millones y tendría capacidad para recibir barcos de hasta 14.000 TEU (cada TEU equivale a un contenedor de 20 pies).
Amega estima que al año podrían atender 1,3 millones de contenedores.
“El modelo de concesión por iniciativa privada tiene muchas bondades, la principal es que casi todo el riesgo lo toma el proponente; tenemos el riesgo de factibilidad, de hacer los estudios, conseguir el financiamiento; eso es muy importante”, añadió el empresario.
La expectativa de la compañía es lograr que la construcción se inicie en dos años.
Diferencia. Sylvia Jiménez, secretaria técnica de Concesiones, aseguró que meses atrás solicitaron a la empresa relocalizar el proyecto para no interferir con la nueva Terminal de Contenedores de Moín, de APM Terminals.
La jerarca añadió que están a la espera de los estudios que justifiquen la nueva ubicación.
Además, afirmó que en esta fase el proponente no podría pedir una indemnización si la obra no se ejecutara por alguna razón.
Por último, rechazó que los atrasos sean responsabilidad de la Administración.