Los magistrados de la Sala Primera del Poder Judicial declararon sin lugar el recurso de casación presentado por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) contra la nueva Terminal de Contenedores en Moín (TCM), Limón.
La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó la información, pero dijo que darán los detalles de la sentencia hasta que sean notificadas las partes involucradas.
Sintrajap alega que la concesión de construcción y operación del puerto por parte de la firma holandesa APM Terminals crea un “monopolio ilegal” al dar a la concesionaria la exclusividad en la carga y descarga de contenedores que llegan a Limón.
Este trámite era la última alternativa legal que tenía Sintrajap para intentar frenar el megapuerto.
La decisión de los magistrados ratifica la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo, la cual declaró sin lugar en “todos sus extremos” los alegatos sindicales.
“No se ha detectado la existencia de vicios sustanciales que exijan la supresión de las conductas impugnadas, en lo que incluye el cartel de licitación y sus modificaciones, acto de adjudicación, contrato de concesión y en su clausulado”, señaló el Contencioso en agosto del 2012.
Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap, cuestionó la decisión de los altos jueces. “Los magistrados son nombrados políticamente y todavía nos queda el tema de las calles y no vamos a renunciar a eso. Si APM Terminals quiere construir, lo debe hacer sin exclusividad ni monopolios”, dijo.
Paul Gallie, director general de APM Terminals para Centroamérica, celebró la noticia.
“Esta decisión fortalece la importancia de la nueva Terminal de Contenedores en Moín para el país. Debemos tener un puerto competitivo y moderno”, manifestó.
Además, descartó la posibilidad de renegociar el contrato de concesión, que es de 33 años y con una inversión inicial de $1.000 millones más la generación de 400 empleos.
El presidente Luis Guillermo Solís reiteró el apoyo a esta obra.
“El proyecto de APM Terminals tiene el mismo apoyo que hemos expresado en otros momentos, debemos garantizar la vigencia de los contratos”, comentó Solís durante una gira por Guanacaste.
El único requisito pendiente para el megapuerto es la resolución de viabilidad ambiental que debe emitir la Secretaría Técnica Nacional Ambiéntal (Setena). Colaboró el periodista Álvaro Murillo