Debido a que carece de equipos para verificar la calidad de las carreteras, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pretende subcontratar a una empresa privada para que realice esas pruebas dentro del contrato que el Conavi le otorgó para supervisar la construcción de la vía a San Carlos.
El ICE se vería obligado a buscar a un tercero para esa labor si logra mantenerse como el fiscalizador de los trabajos de la empresa Sánchez Carvajal en el tramo Sifón-La Abundancia.
Si bien desde febrero, la Contraloría General le dijo al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que debía suspender ese contrato con el Instituto –tras señalar que no tiene competencias legales para construir o fiscalizar carreteras– el ICE solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar para evitar que ese ocurra. Esa gestión está en trámite.
En específico, el Instituto tendría que subcontratar el servicio para verificar la calidad de los procesos constructivos y de producción, pues no posee laboratorios de materiales. Así lo admitió su presidente, Carlos Obregón, en la licitación abreviada que sacó a concurso en el portal en Internet Mer-link, hace tres meses.
El contrato sería por ¢153 millones y, a la fecha, solo hay un oferente, Imnsa Ingenieros Consultores S. A., firma que tiene experiencia en la revisión de vías.
Práctica común. Obregón asegura que no es la primera vez que el ICE subcontrata servicios, y que se trata de una práctica común.
“Si yo voy a dar un servicio y la demanda que tengo para ese servicio es muy pequeña, una prueba específica, ¿para qué voy yo a dotarme de la capacidad para hacer eso, cuando voy a utilizar esa parte del laboratorio dos o tres veces al año, si en otros lados lo utilizan 50 o 100 veces al año?”, cuestionó el jerarca.
Agregó que ese tipo de mecanismo lo han utilizado, por ejemplo, en la construcción de la planta hidroeléctrica Reventazón, debido a que genera encadenamientos con el sector privado.
Por su parte, Gerardo Prada, socio de la firma Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S. A. (Cacisa), la cual se dedica a la supervisión de carreteras, afirmó que lo normal es que las empresas fiscalizadoras cuenten con sus propios laboratorios.
No obstante, dijo que en ocasiones es necesario acudir a un tercero, porque se carece de los equipos para una prueba en específico o porque hay momentos en que la demanda es muy alta.
Fue en noviembre del año pasado cuando el Conavi le encargó al ICE la supervisión, durante 21 meses, de ese tramo de 30 km.
Ambas entidades firmaron un “convenio” por ¢2.131 millones, luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes varió el contrato para eliminar el requisito de tener experiencia en la construcción de carreteras y puentes, que incumplía el ICE. De momento, los trabajos están suspendidos hasta definir el supervisor.