Por: Juan Fernando Lara 21 abril
Parte de la vía férrea entre Turrialba y Siquirres (Limón) en el año 2008 a la altura de la estación de Pascua en a margen del río Reventazón. Toda esta sección hoy está bajo el agua.
Parte de la vía férrea entre Turrialba y Siquirres (Limón) en el año 2008 a la altura de la estación de Pascua en a margen del río Reventazón. Toda esta sección hoy está bajo el agua.

San José.

Hace 10 años el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) sabían que un tramo ferroviario entre Turrialba y Siquirres quedaría inundado al construirse la planta hidroeléctrica Reventazón.

Una década después, la represa funciona a la perfección, los ocho kilómetros de línea están sumergidos y las entidades involucradas aún carecen de una alternativa para recuperar el paso del tren.

En declaraciones bajo juramento, el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, afirmó la tarde de este jueves en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, de la Asamblea Legislativa, que la pérdida de ese trayecto se sustenta en un convenio firmado entre ambas entidades.

Se trata del acuerdo CON-048-2008, del 28 de abril de 2008, que, a criterio de los diputados, podría reñir con la Constitución Política, al disponer del derecho de vía sin considerar que se trata de un bien inalienable del Estado.

Según ese documento, al ser de interés nacional el proyecto hidroeléctrico Reventazón, ambas empresas se comprometen a "aunar esfuerzos para dar solución a la afectación de 10.684 metros de derechos de vía y línea férrea propiedad del Incofer, correspondientes al tramo Turrialba - Siquirres, los cuales quedarán inundados producto del llenado del embalse del proyecto en cuestión".

El documento no hace mención de cómo se proponen ambas entidades recuperar el paso ferroviario y reponer los kilómetros perdidos.

En un convenio más reciente, el CON-012-15 del 26 de enero de 2015, ambas instituciones acordaron que el ICE elaboraría un informe técnico para el Incofer, con un nuevo trazado de esa línea férrea, pero aún no hay resultados concretos.

Christian Vargas, presidente ejecutivo del Incofer, envió el 20 de febrero anterior una carta al diputado Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), donde confirma la existencia del estudio del ICE para revitalizar el paso. Sin embargo, el texto aclara que "se encuentra en fase de revisión técnica".

Rieles perdidos
Rieles perdidos

Redondo confirmó que sigue sin recibir el detalle de la solución que propone el ICE en el estudio.

"Ellos han hecho estudios, seguramente, pero esos análisis simplemente llevan a una conclusión, o que la solución es multimillonaria por la necesidad de hacer un túnel, o que es inviable el paso porque la pendiente en la zona supera lo que un tren puede manejar", explicó Redondo.

Este diario también consultó a ambas instituciones sobre la alternativa del ICE, pero ninguna se ha referido al tema.

Milena Elizondo, directora de Comunicación e Identidad Corporativa del ICE, envió un correo electrónico a La Nación en el que manifestó que le corresponde al Incofer brindar la información.

"El ICE ha cumplido con los compromisos asumidos. Enviará un comunicado de prensa. detallando todo el procedimiento que se ha seguido alrededor de este asunto", agregó.

El paso perdido constituye un tramo histórico entre Limón y Turrialba, desarrollado por el magnate estadounidense Minor Cooper Keith entre 1879 y 1881, bordeando una de las márgenes del río Reventazón.

Redondo adelantó que plantearán una denuncia pública contra Incofer, porque este habría incumplido el Transitorio II de la Ley N° 18.252 para el fortalecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles del 27 de abril de 2016.

Según ese transitorio, el Incofer tenía seis meses –desde la entrada en vigencia de esa ley– para realizar un estudio sobre la viabilidad de la conexión ferroviaria al Atlántico; la vía Turrialba-Siquirres. Redondo afirma que denunciará este incumplimiento ante el Ministerio Público el próximo martes.

Inconstitucionalidad en duda. Jorge Arguedas, sindicalista del ICE y diputado de Frento Amplio, opina que este convenio, por el cual se perdieron esos kilómetros de ferrocarril, es inconstitucional.

Para Arguedas y Redondo, el ICE desatendió normas de rango constitucional al sustituir el debido proceso por un convenio interinstitucional (ICE-INCOFER).

Según el artículo 121 de la Constitución Política, en el inciso 14, solo la Asamblea Legislativa tiene potestad de "decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación". Esto incluye ferrocarriles.

Por lo tanto, para cambiar el uso de esa línea férrea que se inundó, habría sido necesario presentar (y aprobar) un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, cuyo trámite habría empezado en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración antes de pasar a plenario.

La propia Sala Constitucional se refiríó al tema en su voto 2000-10466 del 24 de noviembre del año 2000.

"La afectación es la vinculación, sea por acto formal o no, por la que un bien público se integra al patrimonio nacional en virtud de su destino y de las correspondientes previsiones legales. Ello conlleva, como lógica consecuencia, que solamente por ley se les puede privar o modificar el régimen especial que los regula, desafectándolos, lo que significa separarlos del fin público al que están vinculados", indica textualmente el voto.

Los magistrados constitucionales agregan que se requiere de un "acto legislativo expreso y concreto, de manera que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien deteminado e individualizado, sin que sea posible una desafectacion genérica y mucho menos implícita".

"Considero que la Contraloría General de la República debe indagar a fondo y sancionar a los funcionarios que reiteradamente han brindado criterios contrarios al bloque de legalidad. Esta es una causal de sanción administrativa", señaló el legislador.

Redondo adelantó que la próxima semana también presentará una acción de inconstitucional contra el convenio del 28 de abril de 2008 entre el ICE e Incofer, bajo el argumento de que, al inundar esa línea férrea, se violentó la naturaleza y propósito para el cual se constituyó ese bien inalienable del Estado.