Por: Diego Bosque 22 mayo, 2015

El 4 de mayo de 2012, en medio de una conferencia de prensa, la expresidenta Laura Chinchilla anunció al país un supuesto caso de corrupción relacionado con la construcción de la trocha fronteriza en la zona norte.

Debido al escándalo, Francisco Jiménez, el entonces ministro de Transportes, se vio obligado a dejar su puesto.

Ese mismo día, Jiménez acudió al Ministerio Público para denunciar supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la construcción de la ruta.

No obstante, han pasado 36 meses y la Fiscalía aún no tiene claro cuándo finalizará el proceso de investigación y si el asunto irá a juicio.

“Lo primero que debe aclararse es que el caso continúa en la etapa de investigación, la cual es de carácter privado, según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 295.

Una de las pocas cunetas que hay en la trocha. | CARLOS HERNÁNDEZ
Una de las pocas cunetas que hay en la trocha. | CARLOS HERNÁNDEZ

”Al tratarse de un expediente que es de trámite complejo y que fue declarado como un asunto de delincuencia organizada, la FAPTA (Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción) ni el Organismo de Investigación Judicial pueden establecer plazos para finalizar la investigación”, explicó Juan Carlos Cubillo, fiscal adjunto de esa dependencia.

Los fiscales a cargo del caso son Andrea Rodríguez, Carlos Jiménez y Milena Brenes.

Hasta ahora, el Ministerio Público maneja una lista de 42 imputados, cuatro de ellos exfuncionarios del Conavi de apellidos Serrano, Acosta, Ramírez y Agüero.

Además, figuran tres empresarios de apellidos Castillo, Baralis y Muñoz.

Todas estas personas tienen medidas cautelares.

Según el Ministerio Público, el asunto tiene el número de expediente 12-000053-621-PE.