Estado reconoce aumento de $90 millones en costo de ruta 27

Eso significa que ahora la empresa deberá recuperar $348 millones (en lugar de $258 millones) y obtener su ganancia por concepto de peajes en 25 años.

Jorge Mora, secretario del Consejo Nacional de Concesiones, explicó que eso es lo que determina la adenda presentada ayer, la cual busca resolver el diferendo que mantenía la administración con la concesionaria desde el 2010 con respecto a los montos invertidos en el desarrollo de la obra y lo recuperado mediante el cobro de peajes.

Los sobrecostos mencionados se generaron debido a que la oferta presentada en el 2000 era por un monto determinado a la fecha y en el 2007 cuando se dio la orden de inicio de las obras, había una actualización en dichos costos, esto provocó que se iniciara un proceso de arbitraje.

En la adenda emitida en ese año, se le reconocieron esos costos a la empresa, pero no se determinó la forma de pago.

"Ellos estaban planteando que fuera un pago directo de parte del Estado, ahora en el arbritaje se le plantea la administraicón que han transcurrido siete años y no se les había resuelto este tema. Ya con intereses y otros problemas relacionados con la rentabilidad asociada y seguros, el monto anda por $90 millones", explicó Mora.

"En la adenda lo que se logra es reconocerle esos sobre costos que se acordaron en la adenda del 2007, pero a valores del 2000. A lo que llegamos en el acuerdo es que no se hace un pago directo y que esos sobre costos que en el 2007 se reconocieron así como los valores a incorporar dentro de los costos de inversión total que ellos habían planteado cuando presentaron su oferta, se tienen que amortizar con el pago de las tarifas que está recibiendo, porque logramos determinar que ellos ya han recuperado las inversiones aproximadamente en un 40%" añadió Mora.

Según dijo, lo que se pretende además es determinar con claridad el procedimiento para terminar las obras pendientes.

En el caso de los trabajos en las intersecciones de El Coyol, Siquiares y Turrucares, la empresa tendrá como un plazo máximo tres meses para finalizar las obras, una vez que la Contraloría refrende la adenda.

Mora explicó que otra de las cosas que se resolvió fue el tema de los ingresos, pues la administración tenía unos controles mientras que la empresa a cargo de la ruta manejaba otras cifras.

Finalmente el criterio que privó tras el arbitraje fue el del Gobierno, el cual había determinado que en solo cuatro años la empresa ha recuperado $104 millones, es decir cerca del 40% del total del costo de la ruta que había sido de $258 millones.

Según el representante del CNC, la concesionaria estuvo de acuerdo con dicha decisión.

Sin embargo, aclaró que dicho arreglo no implica ningún compromiso de parte del Estado para renegociar el contrato por el tema de la ampliación de la vía pues es algo que aún se está valorando.

Además de los trabajos mencionados, aún hay pendientes obras en la llamada sección 1, que va desde la Sabana hasta Ciudad Colón, específicamente en la intersección de Pozos de Santa Ana.

Esta obra está pendiente porque la adminsirtación ha tenido problemas en el tema de la expropiación de algunos terrenos.

Similar problema ocurre en la sección tres, donde también hay una intersección pendiente.

"Una vez que logremos la expropiación de esos terrenos, habrá que determinar el procedimiento para la ejecución de esas obras y que con la aprobación de esta adenda ellos deben presentarnos a nosotros garantías financieras sobre esas obras que todavía no están terminadas, esto no lo contemplaba el contrato", puntualizó Mora.

Se consultó a la empresa Globalvia, sin embargo indicaron que no se referirían al tema de la adenda y el acuerdo logrado.