Por: Diego Bosque 5 noviembre, 2016

El 7 de mayo de 2014, a un día del cambio de gobierno, Pedro Castro, exministro de Obras Públicas y Transportes, firmó un contrato por $24,5 millones con una agencia de la Organización de Naciones Unidas para la construcción de tres puentes.

Ese fue el primero de siete acuerdos que el Estado cerró, entre 2014 y 2015, con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) por un total de $134 millones.

El convenio inicial establece que Unops debe hacerse cargo de la ampliación de las estructuras sobre el río Virilla en la ruta 32 y en Lindora, Santa Ana y Pirro, en Heredia.

De los $24,5 millones, $906.000 corresponden a gastos directos de Unops por dirigir el proyecto y otros $977.000 para cancelar una tasa administrativa que cobra esa organización. El resto de los fondos se destinaría a la inversión de las obras.

El mismo modelo aplica en el resto de convenios, los cuales incluyen la construcción de pasos a desnivel, el puente binacional en Sixaola, capacitaciones y sistemas de monitoreo de aguas subterráneas.

La información se desprende de la revisión de los siete contratos entre Unops y diferentes instituciones públicas.

La Nación, en primera instancia, solicitó estos documentos a Unops, pero se negaron a entregarlos argumentando impedimentos legales.

Finalmente, los textos se obtuvieron por medio del Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Ambiente y Energía y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Presidencia también asignó $1 millón de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica a ese ente para consultorías, pero indicaron que no existe un contrato que norme esa relación.

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