La Escuela Costarricense de Aviación (ECDEA), empresa que ocupa uno de los 82 hangares del aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, ha recibido dos sanciones este año por incumplir las reglas de ese aeródromo.
Los castigos económicos se impusieron por encender las luces de la pista fuera del horario establecido para realizar un aterrizaje, que es de 6 a. m. a 9 p. m., y porque utilizó para impartir las clases una aeronave que no estaba autorizada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Esta academia es propiedad de Everardo Carmona Estrada.
De acuerdo con información de Mauricio Rodríguez, jefe de la Dirección Legal de la DGAC, por la primera falta le impusieron ¢5,8 millones luego de un procedimiento administrativo, la sanción quedó en firme el 20 de abril anterior.
Por el caso de la avioneta no autorizada les fijaron una multa de ¢5,7 millones, la cual quedó en firme el 6 de febrero.
Rodríguez informó de que ha sido imposible cobrar estas infracciones y por eso iniciaron, un mes atrás, un proceso de cobro judicial.
Problemas para renovar permiso. ECDEA empezó el proceso de renovación de permisos para ocupar los hangares (que debe hacerse cada cinco años) el 17 de marzo del 2016 y recibió el aval para mantenerse en el Tobías Bolaños hasta setiembre del 2016. En esos meses, la compañía insistió que no debía nada al Estado, pero la DGAC demostró que sí existían pendientes.
Everardo Carmona Estrada, dueño de ECDEA, manifestó, por medio de un correo electrónico, que no han utilizado aeronaves sin permiso y que no han cancelado las multas porque las impugnaron.
"Todos los operadores estamos habilitados para hacer uso del control de luces de pista, inclusive otros operadores han hecho el mismo uso que hicimos nosotros sin ser sancionados", añadió Carmona.
Según el empresario, sufre una persecución por denunciar que el director de Aviación Civil, Enio Cubillo, no cumple, según él, con los requisitos para ese puesto.
Mauricio Rodríguez agregó que esta misma academia de aviación tuvo problemas debido a una deuda superior a los ¢30 millones con la seguridad social.