La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) apoyó la decisión de Contraloría General de la República (CGR) de anular dos proyectos de obra pública a la agencia de Naciones Unidas, UNOPS, debido a su falta de transparencia.
La CGR tomó el acuerdo porque la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), se negó a revelar expedientes de contratación de dos importantes trabajos viales en la Gran Área Metropolitana.
Las obras son un nuevo puente sobre el río Virilla en Tibás –conocido como del Saprissa– y el paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, en la carretera de Circunvalación.
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"Tal y como lo señalamos en su oportunidad, la decisión de contratar esos proyectos fue de la administración del Consejo Nacional de Vialidad y no del Consejo de Administración, donde los representantes del sector privado votaron en contra de que los expedientes de la obra fueran confidenciales", comentó Franco Arturo Pacheco, presidente de Uccaep.
La Uccaep afirma que respalda en todos sus alcances la decisión de la CGR y le recuerda a UNOPS que deben respetar la Constitución Política.
Para el sector empresarial, dijo Pacheco, esta decisión es responsabilidad del Gobierno, así como de la unidad ejecutora UNOPS, cuyas acciones "desacertadas, implicarán una grave afectación a la competitividad del país, dado que continúan cometiendo errores en la adjudicación y contratación de proyectos viales indispensables para el país".
La Contraloría General de la República (CGR) anuló el martes de esta semana las adjudicaciones de esos dos proyectos, porque UNOPS no ha permitido a las empresas oferentes ver los expedientes de contratación completos. Es la segunda vez que la Contraloría invalida esas adjudicaciones.
La resolución de la Contraloría responde a las apelaciones de las empresas FCC Construcción América S.A. y H. Solís S. A.
En el caso del puente del Saprissa, la construcción fue otorgada al consorcio integrado por las constructoras MECO y Puentes y Calzadas por $22,3 millones. Mientras que el viaducto de las Garantías Sociales fue asignado a MECO por $17 millones.
De acuerdo con UNOPS, los expedientes son confidenciales debido a las prerrogativas asociadas a su condición de agencia adscrita a la Organización de las Naciones Unidas.
Además, en setiembre, UNOPS firmó con el Conavi un acuerdo de confidencialidad para garantizar la reserva de la información.