Redacción
La Defensoría de los Habitantes le pidió al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) información sobre la continuidad o no de la nueva adenda del contrato de concesión de la ruta 27 con la empresa Globalvía.
La Contraloría General de la República (CGR) le rechazó al Gobierno la solicitud incluir una adenda al contrato con la empresa Globalvía. La adenda buscaba resolver diferencias contractuales que mantiene el Gobierno y la concesionaria de la Ruta 27 desde el 2010, con respecto a los montos invertidos en el desarrollo de la obra.
La Contraloría considera que el proceder es jurídicamente inviable.
La Defensoría desea saber si se va a desistir de esta figura o se van a realizar cambios o si se va a continuar en el proceso de arbitraje únicamente.
El objetivo de esta indagación por parte del ente defensor tiene como finalidad controlar el manejo de los ingresos por peajes en la vía que comunica San José con Caldera de Puntarenas.
Las solicitudes de la Defensoría son los costos e ingresos, el efecto de recuperación de la inversión (vía peajes) y el plazo proyectado de entrega de la carretera al país.
Según un comunicado del MOPT "la concesionaria efectivamente invirtió en obras $258 millones a valores del año 2000, de los cuales ha recuperado $104 millones", es decir, un 40% del monto total.