Improvisación y burocracia dieron al traste con Limón Ciudad-Puerto

Por: Diego Bosque 14 junio, 2014
1 k Los patios del Incofer debían convertirse en un espacio recreativo y una estación de tren, pero el terreno no es apto para esas obras, lo cual obligó a un rediseño. 2 k El plan establecía hacer un edificio municipal nuevo para sustituir el viejo inmueble. 3 k Los pobladores del barrio Los Cocos sufren la ausencia de un adecuado sistema de alcantarillado. | JONATHAN JIMÉNEZ
1 k Los patios del Incofer debían convertirse en un espacio recreativo y una estación de tren, pero el terreno no es apto para esas obras, lo cual obligó a un rediseño. 2 k El plan establecía hacer un edificio municipal nuevo para sustituir el viejo inmueble. 3 k Los pobladores del barrio Los Cocos sufren la ausencia de un adecuado sistema de alcantarillado. | JONATHAN JIMÉNEZ

La oportunidad de cambiar el rostro a la ciudad de Limón se le escapó de las manos al país.

El préstamo por $72 millones con el Banco Mundial (BM) para el Proyecto Limón Ciudad-Puerto vencerá el 30 de junio, tras cinco años de improvisación y complicados trámites burocráticos.

Esos fueron los responsables de que al 31 de marzo las diez entidades involucradas solo hubieran ejecutado $8,8 millones, que representan el 12% de los fondos, confirmó la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP).

Imagen sin titulo - GN
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Los recursos le darían a Limón un nuevo sistema de alcantarillado sanitario, un plan de control de inundaciones, otro edificio municipal, el rescate de inmuebles históricos, la rehabilitación de espacios públicos, canchas deportivas y mejoras en el transporte.

De ellos, la restauración de edificios y las canchas fueron los proyectos más avanzados. El resto se quedó esperando trámites.

“Se supone que ese proyecto es para ayudar a los barrios y a las organizaciones de Limón para que progresen, pero realmente suena muy largo, si acaso los nietos lo van a ver!, se quejó el martes Donovan Monge, vecino de Limón 2000.

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‘Errores graves’. Un informe del Estado de la Nación , de noviembre de 2013, señala “errores graves” en el prediseño de las obras, costos imprecisos y que no se tomó en cuenta a las unidades ejecutoras durante la etapa preparatoria del proyecto.

Además cuestiona la falta de liderazgo de la UCP.

“Hasta 2012 no existían mecanismos de programación ni de seguimiento que permitieran la priorización de tareas y la definición de tiempos de ejecución para cada etapa”, dice el Estado de la Nación .

La Contraloría General de la República también detectó la ausencia de estudios de viabilidad para precisar si las labores propuestas eran factibles o no.

Por ejemplo, a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se le ordenó crear un espacio público recreativo en terrenos que resultaron inadecuados.

“No se elaboró un verdadero estudio de preinversión, hubo algunos documentos iniciales, pero que como un todo no representaba un plan de preinversión”, dijo Danny Morris, coordinador de la unidad ejecutora de Japdeva.

Marvin Coto, director de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), afirmó que el exceso de burocracia fue otro de los obstáculos. Esa entidad es la responsable de solucionar el componente de control de inundaciones en Limón.

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“La parte nuestra del proyecto es en una zona altamente poblada, socialmente conflictiva y con partes dentro de zona protegida, lo cual complica la ejecución de las obras”, explicó Coto.

Para remediar las inundaciones se planeaba intervenir el río Limoncito, la quebrada Chocolate, así como construir 11 puentes.

Según el funcionario, de darse una prórroga del crédito, los 11 pasos se levantarían con $2,2 millones del Ministerio de Hacienda.

La Nación intentó hablar con Miguel Miranda, coordinador general de Limón Ciudad–Puerto, pero se limitó a enviar un correo con información presupuestaria.

Investigación. Ofelia Taitelbaum, defensora de los Habitantes, adelantó que pedirán a la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso que investigue el uso de los recursos para este plan.

“La pregunta es ¿en qué se está gastando la plata?, ¿se está gastando en salarios o en qué?”, añadió .

De acuerdo con la UCP, el proyecto tuvo un costo operativo anual de ¢582 millones, de los cuales ¢570 millones se destinaron para pagar el salario de 22 personas.

El país ha amortizado $600.000 y pagado $69.000 de intereses con una tasa del de 0,37% anual.