Estado adjudicó ¢394.000 millones entre cinco firmas en un lapso de seis años

Por: Diego Bosque 30 octubre, 2015
En 2013, un problema con el alcantarillado provocó un hundimiento en la carretera de circunvalación a la altura de Hatillo 8. La Administración tardó meses en resolver este problema. | ANDRÉS ARCE.
En 2013, un problema con el alcantarillado provocó un hundimiento en la carretera de circunvalación a la altura de Hatillo 8. La Administración tardó meses en resolver este problema. | ANDRÉS ARCE.

Con tono fuerte, en medio de un grupo de periodistas, la contralora general de la República, Marta Acosta, anunció mano dura en la fiscalización de adjudicaciones de contratos para obras de conservación vial.

Acosta agregó que la Contraloría no ha sido permisiva al autorizar, durante dos años consecutivos, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a contratar de forma directa a cinco empresas constructoras por más de ¢70.000 millones en el 2014, y otros ¢81.000 millones este año.

¿Qué pasará si esta situación se repite el próximo año?

“Eso lo vamos a ver, qué va a suceder; porque algo va a suceder, porque esto no es posible, este es el segundo año consecutivo que pasa”, expresó Acosta.

Las empresas que mantienen los acuerdos para mantenimiento vial son la Constructora Hernán Solís S. R. L., Quebradores del Sur S. A., MECO S. A., Grupo Orosi S. A. y Concreto Asfáltico Nacional S.A.

La Contraloría General de la República (CGR) había insistido ante el Conavi en la necesidad de abrir un concurso público para incluir a otros oferentes. Sin embargo, dichos procedimientos no se han efectuado.

Ante el incumplimiento reiterado, la entidad se ha limitado a solicitarle al Conavi “adoptar medidas pertinentes para tramitar y adjudicar el procedimiento licitatorio correspondiente”.

Para Acosta, esas medidas las debe definir el Gobierno.

“¿Cómo se administra? ¿Cómo toma las decisiones? Ese es un tema de la Administración, no de la Contraloría. El punto es que siempre que se va a cumplir el plazo, ellos (Conavi) tienen justificaciones para no haber planificado con tiempo”, agregó.

La Nación solicitó una entrevista con Mauricio Salom, director ejecutivo del Conavi, para conocer la posición de la institución sobre este tema, pero no se obtuvo respuesta antes del cierre de esta edición.

Según una denuncia del diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Vásquez, el Consejo ha dado contratos, desde el 2009, por ¢394.000 millones a esas cinco constructoras.

De acuerdo con los registros facilitados por el legislador, entre el 2009 y el 2013, Hernán Solís recibió ¢137.00 millones; MECO, ¢73.800 millones; Quebradores del Sur, ¢9.061 millones; Grupo Orosi, ¢11.751 millones, y Concreto Asfáltico, ¢10.379 millones.

Mario Redondo, congresista del Partido Alianza Demócrata Cristiana, criticó la lentitud con la que actúan las autoridades encargadas del tema de infraestructura y transportes.

“Ya no les da ni vergüenza salir a decir que no les dio tiempo de tener las cosas listas cuando debe ser”, afirmó Redondo.

La acusación la realizó este jueves durante la comparecencia de la contralora ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Este grupo acordó, la semana anterior, convocar a una audiencia también a Salom.