Conavi también reclama a compañía devolución de más de ¢584 millones

Por: Diego Bosque 10 abril, 2015
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La compañía portuguesa Soares da Costa demandó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) el pasado 10 de febrero para exigir el pago de una deuda por los trabajos realizados en el puente sobre el río Virilla, conocido como ‘la platina’.

La acción legal se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo bajo el expediente 151394127-CA.

La información fue confirmada por la oficina de prensa del Poder Judicial.

Soares da Costa fue contratada en el 2011 para sustituir la losa del puente. Sin embargo, a pocos días de terminar el trabajo, el concreto de la superficie de rodamiento se desprendió.

Ante eso, el Conavi congeló los pagos a la firma, la cual presentó, en noviembre del 2012, una demanda contra el Estado por $2 millones, ante el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio.

Al mes siguiente, la Sala I resolvió un recurso del Conavi y señaló que el conflicto no se podía dirimir con un arbitraje, sino por vía administrativa.

Zoila Volio, directora del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, confirmó que no hay forma de revivir el caso por esa vía.

Ayer, La Nación contactó a Susan Naranjo, abogada en el país de Soares da Costa, pero alegó que no está autorizada para hablar del tema. Tampoco reveló el monto actual de la demanda.

“Pueden buscar esos datos en el expediente (...). Estamos tratando de manejar esto con un perfil bajo”, comentó la representante legal.

Además de reemplazar la losa, la constructora debía colocar un puente bailey frente al Conservatorio de Castella para agilizar el tránsito por esa zona.

Sin respuesta. Este diario intentó ayer, en repetidas ocasiones, hablar con Mauricio Salom, director ejecutivo del Conavi, pero no respondió las llamadas realizadas a su teléfono celular, ni los mensajes de texto.

La oficina de prensa del Consejo se limitó a remitir un documento en el que enumeraron las etapas del proceso legal.

Según la nota, Conavi no reclamará indemnización a Soares da Costa por daño moral, ni el pago de gastos legales del proceso.

La entidad lo que pretende es que le devuelvan ¢584 millones correspondientes a un adelanto por las obras y ¢17 millones por diferentes tipos de multas.

Este caso lo lleva la procuradora del Área de Derecho Público, Ana Arguedas Chen Apuy.