Por: Diego Bosque 29 octubre, 2015

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) alertó desde abril del 2014, del vencimiento de los contratos de conservación de la red vial nacional.

Los dineros de mantenimiento deben destinarse a bacheo, recarpeteo y señalización, entre otros. | RAFAEL MURILLO.
Los dineros de mantenimiento deben destinarse a bacheo, recarpeteo y señalización, entre otros. | RAFAEL MURILLO.

Según tres notas enviadas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo Nacional de Vialidad, la Cámara advirtió sobre la caducidad de los acuerdos y pidió explicaciones sobre las intenciones de renovar los compromisos sin un concurso público de por medio.

En las cartas, dirigidas a Pedro Castro, exministro de Transportes y a Carlos Segnini, actual titular de esa cartera, el gremio solicita que se indique el sustento legal y técnico para ampliar los contratos directamente.

Además, requiere que se mencionen los nombres de los miembros del Consejo que estuvieron a favor de renovar los convenios de esa forma.

En mayo del 2014, la Cámara insistió en obtener el detalle de cada uno de los acuerdos firmados entre el Conavi y las empresas Constructora Hernán Solís S.R.L., MECO S. A., Quebradores del Sur S.A, Grupo Orosi S.A. y Concreto Asfáltico Nacional S.A. Este diario tiene copia de las cartas mencionadas.

Ricardo Castro, del Comité de Infraestructura de la Cámara, rechazó las manifestaciones del ministro Carlos Segnini, al afirmar que son las apelaciones de los empresarios las que entorpecen los procesos de licitación.

“Esas declaraciones del ministro son absolutamente insultantes para la Contraloría, porque yo le puedo demostrar al ministro y a quien sea, basado en estudios, que no es cierto que los proyectos se atrasan por apelaciones”, expresó Castro.

El empresario resaltó que resolver una apelación tarda, como máximo, 50 días.

Cuatro de las cinco empresas que mantienen los contratos de conservación vial son afiliadas a la Cámara de la Construcción.

“Nosotros no defendemos el interés de ninguna empresa en particular (...). Estamos aquí para defender los intereses gremiales y los del país”, dijo Castro.

De acuerdo con datos suministrados por el diputado de la Unidad Social Cristiana, Luis Vásquez, Hernán Solís recibió ¢137.00 millones; MECO S.A., ¢73.800 millones; Quebradores del Sur S. A., ¢9.061 millones; Grupo Orosi, ¢11.751 millones, y Concreto Asfáltico Nacional S.A., ¢10.379 millones.