El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigará si una eventual omisión en sus controles internos pudo haber ocasionado que las obras de la planta hidroeléctrica Reventazón, en Siquirres, Limón, causaran un daño ambiental en la zona.
La pesquisa es una recomendación del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), instancia del propio Banco que analiza reclamos por eventuales perjuicios causados por proyectos que financia.
El BID otorgó dos préstamos, por $250 millones y $90 millones, para la obra del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), valorada en $1.440 millones.
Funcionarios del MICI visitaron la zona en noviembre para observar el presunto daño atribuido al ICE, denunciado por Eladio González Solís –representante legal de la empresa Agroecología Sustentable Rana Verde– y por Kurt y Alexandra Grueninger, dueños de las fincas Lancaster, localizadas cerca de la planta.
Ellos atribuyen al ICE haber extraído, para la construcción de la obra, material de las laderas de las lagunas Lancaster, declaradas humedales en 1994.
Son dos cuerpos de agua que están en el risco de una montaña, dentro de una propiedad privada donde, según la denuncia, no había permiso para la extracción.
Los quejosos afirman que, en caso de que se hubiera permitido la extracción, debían colocarse pernos, mallas electrosoldadas y concreto lanzado para reforzar la montaña, por ser las laderas “lugares con alto peligro de deslizamiento”, como lo advierten los propios estudios de impacto ambiental requeridos por el BID para otorgar los préstamos.
Tras estudiar los argumentos e inspeccionar el sitio, el MICI concluyó que el caso amerita una investigación, según el memorando de elegibilidad MICI-BID-CR-2016-0110 , redactado en noviembre por Victoria Márquez Mees, jefa del Mecanismo.
Sin embargo, aclara que no pareciera existir evidencia para “sustentar un escenario catastrófico”, como sería el desplome de las laderas de la laguna que advierten los denunciantes.
Impacto. Lo que encontró el MICI fue “evidencia de excavación reciente cerca de las márgenes”, la cual “podría haber afectado negativamente la estabilidad de las laderas acelerando el proceso natural de deslave”.
El memorando agrega que “sí podría existir un vínculo entre el daño alegado y una posible omisión por parte del Banco”.
El texto añade que esto “parecería contradecir” la respuesta de la administración del Banco, la cual negó que existiera evidencia como para achacar al proyecto afectación a las lagunas.
Según alegó la administración del BID ante el MICI, una misión de sus funcionarios que fue a la zona en abril de este año, no halló pruebas como para endosar a la hidroeléctrica daños a la estabilidad de la laguna, como tampoco encontró que el ICE hubiese extraído material de las márgenes del río Reventazón.
Con la denuncia en materia ambiental, los autores de los reclamos señalaron un supuesto daño económico derivado de expropiaciones por parte del ICE de un tercio del área total de la finca donde se localizan las lagunas.
Este aspecto, sin embargo, se excluyó de la investigación, pues hay procesos judiciales activos en la vía contencioso administrativa ligados a la expropiación del terreno, los cuales, según indicó el MICI, están pendientes de un peritaje para definir el precio justo por el sector de la finca que se tomó para el proyecto.