Subgerente de Acueductos dice que ingeniera olvidó frenar proceso ante Setena

Por: Diego Bosque 17 mayo, 2014
El tajo Asunción enfrenta la oposición de vecinos y del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap). La obra está ubicada en el distrito de Matama, en Limón. | DIEGO BOSQUE.
El tajo Asunción enfrenta la oposición de vecinos y del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap). La obra está ubicada en el distrito de Matama, en Limón. | DIEGO BOSQUE.

Limón. “Se le pasó”. Esa fue la respuesta de Eduardo Lezama, subgerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), al explicar por qué una ingeniera de la entidad autorizó la explotación de un tajo cerca de un río protegido en Limón.

El llamado tajo Asunción está situado en el distrito de Matama y a 2,7 kilómetros del río Banano, una cuenca protegida desde 1991.

Este caudal es la principal opción del AyA para tomar el agua para el nuevo acueducto público de Limón, que abastecerá en el futuro a más de 94.000 personas.

Natacha Rojas Valladares, la ingeniera que giró el permiso, fue hasta hace algunas semanas la representante del AyA en la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

Lezama afirmó que Rojas y la Setena debían trasladar el estudio de impacto ambiental (EIA) al AyA, ya que esta institución es la rectora en materia de agua.

“Aparte de la obligación de ella como representante ante la Comisión Plenaria, hay obligación de la Setena de trasladarnos la consulta, porque saben que el río Banano es estratégico para nosotros”, dijo.

Pese a que se descubrió la falta, Lezama confirmó que no se abrió ningún proceso disciplinario contra la ingeniera. “Solo se le llamó la atención de manera verbal; yo hablé con ella”, manifestó.

La Nación trató de contactar a Rojas, pero fue imposible debido a que está en un periodo de licencia por maternidad.

Anulación. Por todo lo anterior, el 20 de enero pasado el AyA pidió a la Setena anular la resolución de viabilidad ambiental otorgada al tajo.

El proyecto, operado en concesión a la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio, es cuestionado por la posible contaminación del agua del río Banano.

La compañía obtuvo la resolución de viabilidad ambiental en julio del 2013, según consta en el expediente DI-5430-11.

Un informe de Acueductos afirma que el tajo provocaría problemas de sedimentación durante la época seca, aumento en la turbiedad del agua, así como contaminación por la presencia de hidrocarburos y de químicos, como nitrato y amonio, usados como explosivos.

Además, la maquinaria que ingrese o salga del lugar, tendrá que atravesar el río, ya que el EIA no contempla la instalación de puentes para esos accesos.

“El trasiego de la maquinaria con el material no se puede hacer sobre el río”, afirmó Lezama.

Defensa. Setena sostiene que sí le informó al AyA sobre el proyecto.

En el expediente de la evaluación ambiental, hay dos notas firmadas –en setiembre del 2012– por Moisés Bermúdez, jefe del Departamento de Cuencas del AyA, en las que indicó que la institución no tenía proyectos o concesiones de aprovechamiento de agua en la finca del tajo, ni en sus alrededores.

Estos documentos, de los cuales La Nación tiene copia, muestran que el AyA tuvo conocimiento del tajo antes de que se dictara la resolución de viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica.

“El AyA está buscando un ‘chivo expiatorio’ con esa muchacha (la ingeniera). Yo siento que es muy fácil achacarle algo a alguien cuando no está”, mencionó Uriel Juárez, secretario general de la Setena.

Sobre el pedido para anular la resolución de viabilidad ambiental, el Departamento Legal de esa Secretaría manifestó que están a la espera de un criterio técnico para determinar si existen o no razones para proceder a la anulación.

“No le podría decir cuándo daremos respuesta a la solicitud de Acueductos y Alcantarillados porque eso dependerá del criterio técnico y estamos a la espera de eso”, apuntó la abogada Karla Martos.

Sobre los accesos al tajo, Esaú Chaves, director técnico de la Setena, alegó que no habría problemas si las vagonetas pasan sobre la cuenca del río Banano. “La compañía se comprometió a mantener los equipos en buen estado para evitar fugas de aceite y nosotros tenemos que hacer inspecciones”, explicó.

La Sala Constitucional admitió para estudio un recurso de amparo contra el tajo presentado por vecinos del sector, debido a la presunta violación a un ambiento sano y ecológicamente equilibrado.

La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo acudió a esa vía debido a que se oponen a la operación del tajo, pues consideran que es un riesgo para las fuentes de agua de la provincia limonense.