Lotes servirán para proyectos como vía a San Carlos, ruta 32 y Circunvalación

Por: Daniela Cerdas E. 13 octubre, 2015
En marzo, la Contraloría General de la República refrendó una adenda de ¢10.687millones para completar obras. Para entonces, faltaban expropiaciones y el plazo de construcción se amplió a 2016. | JOHN DURÁN
En marzo, la Contraloría General de la República refrendó una adenda de ¢10.687millones para completar obras. Para entonces, faltaban expropiaciones y el plazo de construcción se amplió a 2016. | JOHN DURÁN

Proyectos como la carretera a San Carlos, la ampliación de la vía a Limón, el tramo norte de la vía de Circunvalación o las mejoras en la pista del aeropuerto Juan Santamaría, necesitan los terrenos que el MOPT tiene en una larga lista de espera de expropiaciones.

Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tiene una fila de 910 lotes que necesita adquirir para construir vías y otras obras en todo el país.

Alex Ureña, jefe del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles de esa cartera, precisó que, de esa lista, 350 propiedades ya están en trámite de expropiación. En los restantes casos, los procesos no han comenzado todavía.

La ventaja es que con la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Expropiaciones, en febrero, es posible que el próximo año muchos de esos lotes ya estén en manos del Estado, pues la nueva normativa acorta el tiempo para obtener las tierras.

“Con la ley nueva, los procesos podrían rondar, en un panorama normal, de 6 a 8 meses desde que se confecciona el plano catastral hasta que el inmueble se registra. Antes se tardaba hasta cinco años.

”En esta lista hay un remanente de expropiaciones (30) que se estaban tramitando con la ley anterior. Sin embargo, 880 trámites se están realizando con la nueva ley. Por este motivo, el proceso va a ser más rápido”, explicó Ureña.

Atrasos. La razón más importante de atraso, sin ninguna duda, ocurre cuando los propietarios de los inmuebles llevan el proceso ante el Tribunal Contencioso-Administrativo .

El atraso será mayor según el proyecto vial del que se trate y del lugar donde esté ubicado.

En el 2012, por ejemplo, hasta la entonces presidenta Laura Chinchilla tuvo que reunirse con un finquero para solicitarle que ayudara con la expropiación de una parte de sus terrenos, para construir la vía Vuelta de Kooper -Bajos de Chilamate.

Esta ruta será vital para comunicar la zona norte con el Valle Central. Se espera que la vía esté lista para finales del 2016, aunque la previsión inicial era que entrara en funcionamiento este año.

“La aceptación del monto del avalúo de las expropiaciones de Bajos de Chilamate fue de un 90%, mientras que en Paso Ancho, para el paso a desnivel, fue de un 50%”, comentó Ureña.

Otras causas de retraso son las características del inmueble, pues si existe una actividad comercial el proceso demora más.

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Nueva ley, mismo sistema. Para Bernardo Lara, procurador adjunto encargado de expropiaciones, uno de los principales beneficios de la nueva ley es que el Estado puede ocupar los terrenos en 15 días si es un lote baldío o, en dos meses, si es una casa, esté o no el dueño de acuerdo con el monto del avalúo.

En caso de que el propietario desee reclamar el avalúo, deberá hacerlo en un proceso judicial aparte, pero esto no frena la toma de posesión del Estado.

Además, la gestión se agiliza con la declaratoria de interés público, porque no se permiten apelaciones en el proceso.

No obstante, aclaró Lara, con todo y las facilidades que dé la nueva legislación en materia de plazos, el problema está en la gestión por parte de las instituciones públicas y el recurso humano encargado de todos esos trámites.

En el caso del MOPT, solo cuatro peritos son los responsables de hacer las valoraciones de todos los inmuebles necesarios.

Para dar un leve respiro, hay dos peritos más en proceso de contratación. Esas plazas están entre las 108 que se descongelaron para el próximo año, con la intención de apurar los proyectos.

Según el procurador Lara, la complicación ocurre también en los juzgados, donde hay solo seis jueces atendiendo las expropiaciones de todas las entidades estatales, incluidas las del MOPT.

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