José María Villalta, exdiputado del Frente Amplio, presentó la demanda en el 2012

Por: Esteban Mata Blanco, Esteban Oviedo 22 mayo, 2014

El Tribunal Contencioso-Administrativo condenó al Estado a indemnizar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por el dinero que no recibió entre los años 2008 y 2012, correspondiente a ganancias de las empresas públicas.

El pasado 12 de mayo, dicho Tribunal halló culpable al Estado por no reglamentar el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, según el cual las empresas públicas deben entregar hasta el 15% de sus utilidades al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja.

Según esa normativa, la CCSS utilizaría los recursos para dar cobertura a personas no asalariadas en condición de pobreza.

Los jueces consideraron que, a partir del 2008, el Poder Ejecutivo tenía obligación de reglamentar el giro de las ganancias de las empresas públicas y no lo hizo.

La sentencia obedece a una demanda del exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta, presentada en marzo del 2012.

Villalta dijo que la omisión iba “en claro incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 78”, de la ley que está vigente desde el 2000.

Según la condena, el Estado debe restituir el 7,5% de las utilidades netas de las empresas públicas de esos cinco años.

No tiran la toalla. El Gobierno no da por perdida la batalla y ayer la oficina de prensa de la Procuraduría General de la República indicó que ya están preparando los argumentos para elevar el caso a casación.

Esto le da un margen de tiempo al Poder Ejecutivo para estudiar el tema, explicó el vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, Helio Fallas.

“Esto se llevará un cierto tiempo. No es algo que habría que enfrentar de inmediato”, dijo Fallas.

El jerarca recordó que la disputa entre la Caja y el Estado se dio en momentos en que el Gobierno empezó a enfrentar el déficit fiscal que arrastra desde el 2008.

Sin número claros. Pese a la contundencia del fallo, todavía no está claro el monto total que debería pagar el Poder Ejecutivo a la CCSS.

En un comunicado emitido ayer, el Frente Amplio aseguró que la cifra por reponer por parte del Estado sería de ¢266.000 millones.

A ese monto se le sumaría la indexación establecida por ley, que refiere a que el pago de la deuda se debe hacer en colones de hoy, apuntó el boletín del partido político.

Pero Fallas estimó que la cifra aún no es calculable, pues recalcó que se debe revisar la sentencia.

El Tribunal no definió un monto, sino una fórmula por aplicar.

Más allá de esto, en el Frente Amplio celebraron la sentencia como “un nuevo triunfo de la lucha de nuestro partido en defensa de las instituciones y de los derechos de nuestro pueblo”, manifestó la diputada Patricia Mora.