Consejo de Concesiones pretendía usar partida por ¢15.100 millones para pagar finiquito de contrato de ampliación de vía a San Ramón

Por: Daniela Cerdas E. 21 febrero, 2014
Varios vecinos de San Ramón marcharon, en diciembre anterior, contra el pago que debe hacer el Gobierno a la brasileña OAS. | ARCHIVO.
Varios vecinos de San Ramón marcharon, en diciembre anterior, contra el pago que debe hacer el Gobierno a la brasileña OAS. | ARCHIVO.

La Contraloría General de la República rechazó de plano el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno, que reiteraba su deseo de recurrir a dineros de Japdeva para pagar el finiquito de contrato con la firma OAS, que era la responsable de ampliar la vía San José - San Ramón.

Sin embargo, el ente contralor no aprobó el uso del dinero, ya que consideró que el movimiento es ilegal, pues “lesiona” la Constitución Política, así como la autonomía que protege a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

El Gobierno presentó un recurso de reconsideración ante esta decisión de la Contraloría, pero el ente rechazó la petición este viernes.

La Contraloría indicó: "los actos que emita este órgano contralor en los que resuelvan gestiones de materia presupuestaria, como lo es la aprobación parcial de un presupuesto extraordinario, son firmes desde que se dictan".

Además, explicó que el CNC puede presentar otro trámite para atender la obligación con fuentes de financiamiento de acuerdo a la regulación vigente.

El Estado está en la obligación de pagar $35 millones a la brasileña OAS antes del 15 de marzo próximo. El plazo responde al compromiso de la presidenta de la República, Laura Chinchilla, de ponerle fin a la concesión de la carretera a San Ramón.

De los $35 millones que deben a los brasileños, el gobierno solo han cancelado $6,5 millones, que fueron entregados en diciembre.

Si antes del 15 de marzo no se concreta ese pago, la constructora OAS haría un cobro de lucro cesante al país, que podría superar los $502 millones.

Además, el Estado perdería los planos y diseños de la carretera, y no podría hacer obra alguna en la vía, hasta que se libere del contrato de concesión.