La Presidencia de la República rechazó hacer pública una copia del alegato entregado a la Sala Constitucional para defender el nombramiento de Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia, objetado por un abogado debido a que se trata de un obispo luterano.
El propio ministro Jiménez contestó ayer “no” a la solicitud de este periódico de acceder a los razonamientos dados a los magistrados de la Sala IV, pese a que no son emitidos a título personal, sino a nombre de la Presidencia.
Desde el martes 20 de mayo, La Nación pidió conocer el fundamento legal con el cual se respondió a una objeción presentada por el abogado particular Álvaro Orozco, quien calificó como “inconstitucional” el nombramiento de Jiménez, a la luz del artículo 142 de la Constitución Política.
Esa norma dice que los ministros del Gobierno deben pertenecer al estado seglar; es decir, que no deben ser clérigos.
Jiménez insistió ayer en que para efectos del Estado costarricense, la palabra “clérigo” solo se aplica a sacerdotes y obispos católicos. “La Iglesia reconocida por la institucionalidad es la católica”, dijo, dado que es la religión oficial establecida en la Constitución Política.
Además, se aduce que cuando se escribió la Carta Magna, en 1949, el objetivo del artículo 142 estaba puesto en regular la participación de los líderes de la Iglesia católica.
Sin embargo, esta fue la respuesta de Jiménez de manera oral, pues prefirió no hacer público el documento entregado a la Sala IV con la justificación de que eso le recomendaron los asesores legales de la Casa Presidencial.
Tampoco quiso mostrar una copia de un permiso que, según ha expresado, le habría otorgado la Iglesia luterana de Costa Rica para liberarlo de las tareas episcopales.
“Me han dicho que mientras el proceso está abierto no debemos dar manifestaciones ni cuestiones”, dijo Jiménez, hombre de confianza del presidente Luis Gmo. Solís, de quien fue jefe de campaña.
El abogado Orozco objetó la designación de Jiménez desde el momento en que Solís la anunció, el 14 de abril. El jurista presentó un recurso de amparo admitido por la Sala Constitucional para estudio.
No obstante, esta semana la mayoría de sus magistrados votaron a favor de pedir a Orozco que presente su impugnación mediante una acción de inconstitucionalidad y para ello le dio plazo de 15 días.