Por: Carlos Arguedas C. 22 enero, 2014

El 19 de julio del 2013, dos agentes del OIJ llamaron al celular del periodista Manuel Estrada, de Diario Extra, y lo fotografiaron cuando contestó.

Periodista Manuel Estrada, a quien rastrearon llamadas. | JOHN DURÁN
Periodista Manuel Estrada, a quien rastrearon llamadas. | JOHN DURÁN

El hecho consta en un expediente que se abrió a una oficial de la Policía Judicial, de apellido Fonseca, por el presunto delito de divulgación de información confidencial.

La foto la tomaron los agentes a las 7:01 p. m., cuando se hacía un operativo en Pavas, donde Estrada cubría el hecho.

Carlos Serrano, abogado de Diario Extra, dijo que eso demuestra el seguimiento al comunicador.

Paralelamente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer preocupación ante la denuncia de “espionaje” formulada por Diario Extra, y calificó el caso como “intimidación contra las fuentes periodísticas”.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad e Información de la SIP, en un comunicado divulgado en Miami, Estados Unidos, condenó el hecho denunciado por Diario Extra, según el cual “altas autoridades” del Poder Judicial espiaron durante meses a sus periodistas para descubrir la identidad de sus fuentes.

Para la SIP, lo señalado “pone en entredicho el respeto de la libertad de prensa en Costa Rica, en contravención con el secreto profesional de las fuentes periodísticas como consta en tratados internacionales y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, y la Declaración de Chapultepec” .

“Se trata de una violación flagrante a la libertad de información, que tiene como fin primordial crear un efecto de intimidación contra las fuentes periodísticas”, agregó Paolillo, también director del semanario uruguayo Búsqueda.

El caso que denunció Diario Extra fue un rastreo de las llamadas telefónicas del periodista Manuel Estrada, ordenado por la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada y cumplida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una pesquisa contra una agente judicial, por la fuga de información sensible en dos casos de secuestro.

“Nos rastrearon todas las llamadas para saber con cuáles funcionarios conversaron nuestros comunicadores”, sostuvo Paola Hernández, subdirectora del periódico.