Roces con grupo comunal y problemas del lote alejan a entidad del plan

Por: Daniela Cerdas E. 16 julio, 2015
El pasado 3 de junio, el mandatario Luis Guillermo Solís realizó un recorrido por la finca. Los alajueliteños celebraron con aplausos, tamales y gallo pinto la visita del mandatario quien les prometió acelerar el paso para construir estas casas. | CORTESÍA DE CASA PRESIDENCIAL
El pasado 3 de junio, el mandatario Luis Guillermo Solís realizó un recorrido por la finca. Los alajueliteños celebraron con aplausos, tamales y gallo pinto la visita del mandatario quien les prometió acelerar el paso para construir estas casas. | CORTESÍA DE CASA PRESIDENCIAL

Para evitar “roces y problemas”, el INVU pidió apartarse de asumir el proyecto de vivienda que beneficiaría a 285 familias en la polémica finca Boschini, en Alajuelita, San José.

Se trata de la construcción de 15 torres que el mandatario, Luis Guillermo Solís, avaló durante un recorrido que hizo por la propiedad, el 3 de junio, en compañía de posibles beneficiarios. Para estos últimos, la visita del presidente convirtió el proyecto “en una realidad”.

Sin embargo, los obstáculos para concretar ese plan parecieran ir en aumento.

Sonia Montero, presidenta del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), dijo que la intención es ponerlo en manos de otra entidad autorizada (ente encargado de desarrollar proyectos de vivienda) para que le dé “mayor fluidez”.

Según ella, en la administración anterior hubo problemas que entorpecieron este plan.

Señaló, no obstante, que los grupos interesados no han cumplido los requisitos para darle la declaratoria de interés social necesaria para trasladarlo al Banco Hipotecario de la Vivienda, que aporta los fondos.

“No voy a tomar una decisión irresponsable(...). El plan es complejo, no lo digo yo solamente, lo dice el ministro (Rosendo Pujol).

”No puedo cambiar las circunstancias; yo no era la jerarca cuando esta institución cometió el error de comprar esta finca con todos los problemas que ha acarreado”, manifestó Montero.

Ella hizo referencia a múltiples cuestionamientos que tiene la compra del terreno debido a un supuesto sobreprecio que es investigado por la Contraloría General de la República. La finca le costó al INVU ¢512 millones.

Además, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) advirtió que el lote no es apto para la construcción debido a su inestabilidad.

Asimismo, el lugar donde se ubica la finca requiere obras para asegurar el suministro de agua.

Por estos problemas, la Defensoría de los Habitantes solicitó un informe a las autoridades de Vivienda sobre ese tema.

Nueva entidad. La búsqueda de una nueva entidad autorizada puso a correr al ministro de Vivienda, Rosendo Pujol.

“En el INVU me dijeron que, para evitar problemas, preferían no ser la entidad autorizada; entonces, me he dado a la tarea de buscar otras entidades. Hablé con una, pero no estoy seguro de que quieran porque este proyecto se ha satanizado”, admitió Pujol.

A Víctor Rojas, representante de la Comisión de Vivienda y Lucha contra la Pobreza en Alajuelita (Colupoa), cuyos miembros son beneficiarios del proyecto, le preocupa el hecho de que se cambie de entidad autorizada.

“¿Cuánto más va a durar este proyecto mientras se busca otra entidad autorizada? Sonia (Montero) y el ministro de Vivienda le están pasando por encima al presidente”, dijo Rojas, quien asegura que ellos sí han entregado todos los requisitos del plan, con un costo cercano, según el dirigente, a los ¢6.000 millones.

Rojas agregó que el presidente Solís hizo público el 3 de junio que lo único que faltaba al proyecto habitacional eran unos pequeños ajustes al diseño.

Rojas envió una carta a Solís en la que acusa al INVU de no querer hacer el proyecto. El dirigente afirmó que acepta que otra entidad asuma el plan, siempre y cuando continúe con la propuesta de Colupoa.

“Si no se firma la declaratoria de interés social y no se trabaja al ritmo en que lo hemos hecho, no lo vamos a permitir, y sí nos vamos a tirar a la calle”, dijo.