Por: Patricia Recio, Carlos Láscarez S. 5 octubre, 2013

Industrias Infinito pretendía extraer de la mina Crucitas al menos 800.000 onzas de oro, luego de que recibió el aval del Gobierno. | ARCHIVO LN
Industrias Infinito pretendía extraer de la mina Crucitas al menos 800.000 onzas de oro, luego de que recibió el aval del Gobierno. | ARCHIVO LN

La empresa Industrias Infinito informó ayer de que demandará a Costa Rica por $1.092 millones, debido al supuesto incumplimiento de un contrato de concesión para explotar oro en el proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.

La firma canadiense anunció la decisión de su casa matriz, Infinito Gold Ltda, de continuar la denuncia contra al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial.

Yokebec Soto, vocera de la compañía, afirmó que ayer se cumplió el periodo de seis meses que el Tratado de Inversiones entre Canadá y Costa Rica establece para llegar a un acuerdo negociado; sin embargo, dijo que no hubo respuesta del Gobierno de Costa Rica, por lo cual presentarán de inmediato la gestión ante el Ciadi.

“Es lamentable, porque ambas partes enfrentarán un cuantioso proceso, que pudo haberse evitado. El Gobierno tomó su camino y está a las puertas de enfrentar la demanda internacional más cuantiosa de su historia”, afirmó Soto.

La representante de Industrias Infinito agregó que estiman la demanda en $1.092 millones por las inversiones realizadas y las ganancias que no percibieron.

La compañía perdió desde noviembre del 2010 el derecho a extraer oro de una mina en Crucitas de Cutris, San Carlos, cuando un Tribunal Contencioso-Administrativo anuló la concesión.

Los jueces encontraron irregularidades en los permisos para extraer oro y daño ambiental por la corta de almendros amarillos, una especie vedada.

La decisión del Tribunal fue ratificada por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, en el 2011.

Descargo. El ministro del Ambiente de Costa Rica, René Castro, comentó que las empresa establecidas en el país pueden acudir a las instancias locales o internacionales para garantizar sus inversiones, si perciben un trato no equitativo que afecta su operación.

“Costa Rica debe acatar una sentencia judicial en firme desde el 2010, acordada por la Sala I. Tiene vigente un decreto y una ley que no permiten proyectos a cielo abierto en el futuro. Le tocará al Minae y el Comex ejercer la defensa del Estado y presentar los argumentos jurídicos y económicos”, dijo el jerarca de Ambiente.