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Este fue el día en que Melvin Jiménez fue ordenado obispo luterano en 2008, cinco años antes de convertirse en jefe de campaña de Luis Gmo. Solís. Él asumió el puesto de ministro de Presidencia, pero ya era cuestionado ante la Sala IV, pues la Carta Magna ordena que no sea clérigo. | ARCHIVO/ JORGE CASTILLO
La permanencia del obispo luterano Melvin Jiménez como ministro de la Presidencia, mano derecha del presidente Luis Guillermo Solís, quedó cuestionada por la institución pública que ejerce como abogada del Estado, pues concluye que su nombramiento es “inconstitucional”.
Aunque la opinión jurídica no es de acatamiento obligatorio para los magistrados que estudian la continuidad de Jiménez, la Procuraduría General de la República (PGR) explicó los argumentos por los cuales considera que Solís, al nombrar a Jiménez, viola dos artículos de la Constitución Política alusivos a asuntos religiosos.
La Procuraduría dice que los artículos 75 y 142 están siendo quebrantados con la permanencia del obispo como ministro de la Presidencia, cargo de alta importancia política porque es el responsable de coordinar a los demás ministros, ejerce como voz del Gobierno y se encarga de la relación con los diputados.
El análisis de la Procuraduría, firmado por la procuradora general Ana Lorena Brenes, señala que se vulnera el artículo 142 por nombrar a un obispo, pues la regla prohíbe designar a clérigos.
El alegato dado por Solís y Jiménez a la Sala IV se basa en que esa regla solo veta a clérigos católicos y Jiménez es luterano. Esto, basados en que Costa Rica es un Estado confesional católico.
Eso, según la Procuraduría, sería discriminatorio, pues contradice el principio de igualdad en lo religioso, contenido en el artículo 75 de la Constitución, aunque en él se establezca el carácter oficial de la religión católica. “Sería una discriminación odiosa hacia los clérigos católicos”, afirmó ayer el procurador adjunto, Alonso Arnesto.
Esta es la discusión contenida en el expediente 14-009379-0007-CO de la Sala Constitucional, pues los magistrados acogieron para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por un vecino de Montes de Oca contra el nombramiento de Jiménez, quien fue el jefe de la campaña electoral de Solís y ahora es uno de los más cercanos.
Diputados consultados ayer por este medio dijeron que siguen considerando a Jiménez como interlocutor válido, aunque la opinión de la Procuraduría representa un cuestionamiento fuerte para su continuidad en el cargo, que él asumió hace 78 días.
Desde antes, el nombramiento fue cuestionado ante la Sala IV, que ahora estudia el caso y tiene varios meses para contestar.
Mientras, Jiménez dijo seguir concentrado en sus funciones, preparando la agenda de proyectos que debe enviar el Gobierno a la Asamblea Legislativa en el mes de agosto, cuando rige un periodo de sesiones en el que los temas que se discutan los decide el Ejecutivo.
Jiménez volvió esta semana a sus funciones después de siete días incapacitado por una enfermedad, que pudo estar ligada a las tensiones propias del cargo, explicó él.
El jerarca también coordina un informe que el mandatario Solís pretende publicar en el día 100 de su gobierno, con el diagnóstico de cómo encontraron las instituciones al asumir el poder, el 8 de mayo y líneas de acción.
El presidente Solís, quien conoce a Jiménez en actividades académicas y con grupos sociales años atrás, reaccionó ayer con tranquilidad ante el señalamiento de la Procuraduría: “No nos agobia”.
“No quiero especular, sino esperar que se resuelva. Lo administraremos con tranquilidad. Tenemos un caso sólido y lograremos resolverlo favorablemente”, dijo optimista en su gira por Guanacaste.
Colaboraron Natasha Cambronero y Aarón Sequeira.
