Ilegalidad del paro, sanciones, beneficios, elección sindical y otros temas en juego

Por: Álvaro Murillo 1 noviembre, 2014
Trabajadores y miembros del sindicato de Japdeva que apoyan la huelga en las instalación del muelle, con los contenedores de fondo. | JOHN DURÁN
Trabajadores y miembros del sindicato de Japdeva que apoyan la huelga en las instalación del muelle, con los contenedores de fondo. | JOHN DURÁN

El motivo de la huelga que llega hoy a su jornada 11, en los muelles de Limón, es el rechazo sindical a la operación privada exclusiva de una terminal de contenedores en Moín, pero las circunstancias alrededor del movimiento de protesta van más allá y todos los días ocurre algo nuevo. Ayer, por ejemplo, se paralizó la mesa de diálogo porque el sindicato rechazó una propuesta de arreglo y anoche envió una nueva.

En un repaso del entorno de la huelga, declarada “ilegal” ayer por los tribunales , hay al menos cuatro asuntos paralelos al movimiento, con diferente grado de impacto sobre la solución y la normalización de los puertos, por donde pasa más del 80% de las mercancías del país.

El primero: la declaratoria de ilegalidad de la huelga por el Tribunal de Trabajo de Limón y su impacto sobre la posibilidad de sancionar a huelguistas , aunque es difícil por una cláusula de su convención colectiva.

El segundo: es la cercana elección de la cúpula del sindicato de muelleros, en el mes de enero, con la posibilidad del principal dirigente, Ronaldo Blear , de estar dos años más en el cargo de secretario general, que ocupa desde el 2005.

El tercero: la intención del Gobierno de reducir los beneficios laborales contenidos en la convención colectiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Ya esta semana se hizo el primer trámite formal, aunque la huelga ha entorpecido estas conversaciones, según Ann McKinley, presidenta de Japdeva.

Y en cuarto lugar, de fondo, lo que haga el Ejecutivo envía señales a otros sectores de la economía. También puede marcar su decisión de ratificar o no un proyecto de ley (vetado por la expresidenta Laura Chinchilla) que amplió el derecho a huelgas, mediante una reforma el Código Procesal Laboral, apoyada con fuerza por el partido Frente Amplio (FA), una agrupación hasta ahora aliada del gobierno de Luis Guillermo Solís.

Sin humo blanco. Estas circunstancias rodean la mesa de diálogo del Gobierno con el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), que sigue trabada porque el gremio insiste en la renegociación de la cláusula 9.1 del contrato de concesión con la empresa holandesa APM Terminals.

Esta disposición permite la exclusividad de la firma privada sobre la terminal de contenedores de Moín durante 33 años, lo que incluye la inversión de $1. 000 millones.

El Gobierno insiste en que la cláusula es innegociable si no hay voluntad de APM Terminals, pues el contrato ha sido refrendado por los tribunales y solo falta un dictamen del impacto ambiental para que APM Terminals coloque la primera piedra del proyecto. “Seguridad jurídica” y “atracción de inversiones” son los argumentos.

Por eso, Sintrajap rechazó, por unanimidad, la propuesta de arreglo que negoció su representante José Luis Castillo en San José, mientras Ronaldo Blear se mantenía en Limón. Castillo contestó ayer molesto sobre si pretende ser secretario general, aunque no lo confirmó ni lo descartó.

Anoche, el propio Blear firmó una contrapropuesta y la envió a San José. Esta pide, de nuevo, que se anule la exclusividad de APM Terminals, en aras de un “verdadero libre mercado”.

Horas antes, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, calificó como “delicado” el momento al que llega la huelga, aunque los puertos siguen operando con normalidad, según McKinley.

Solís también dijo sentirse “satisfecho” por la declaratoria de ilegalidad de la huelga. El Juzgado de Trabajo de Limón determinó que las labores de carga y descarga en los muelles y atracaderos del Caribe son un servicio público que no se puede paralizar por una huelga.

Es decir, que este es un servicio esencial, uno de los puntos polémicos del veto presidencial a la reforma al Código Procesal Laboral, apoyada también por el sector sindical que esta semana decisión retirarse del mecanismo de diálogo nacional impulsado por Gobierno. Colaboraron: Natasha Cambronero y Esteban Oviedo.