Las órdenes que emanan desde Zapote para contener el gasto en el pago de salarios para empleados públicos "son claramente insuficientes".
Este es el veredicto de la Contraloría General de la República (CGR) la cual criticó que por sí mismas estas directrices "no comprenden un cambio definitivo y sostenible en el tiempo en materia de empleo público".
Así lo expresó la Institución en el informe Evolución fiscal y presupuestaria del sector público, dado a conocer en agosto de este año, en el que también criticó el poco avance de por lo menos cuatro proyectos de ley en materia de empleo público.
Desde el 2011 a la fecha se han emitido seis directrices que, entre otras cosas, tienen como objetivo bajar el gasto en salarios; tres de estas se dieron en el gobierno de Luis Guillermo Solís.
En parte de ese informe, la Contraloría hace un análisis de pago en remuneraciones en el sector público durante el primer semestre del 2017. A junio de este año, el gasto ascendía a ¢2,68 billones; 2,9% más que en el mismo periodo del 2016 (¢2,60 billones).
Los incentivos salariales tuvieron el mayor peso con respecto a las remuneraciones básicas. Según la Contraloría, durante todo el año 2016, los pluses representaron el 40,5% del gasto total en remuneraciones, mientras que a junio de 2017 dicho porcentaje fue de 40,8%.
En el caso de las remuneraciones básicas, en 2016 estas representaron el 37,3% del gasto en salarios; a junio de este año, ese porcentaje fue del 34%.
Otro ejemplo que cita el ente contralor, es que en 2013, por cada ¢1 en salarios base, se pagaron ¢1,04 en incentivos; en 2017 el monto de los pluses se incrementó a ¢1,06.
"Dentro de la coyuntura fiscal actual (...) el ajuste hacia la sostenibilidad, por ejemplo, en el tema de las remuneraciones, necesariamente implica medidas estructurales, más allá del congelamiento de plazas y/o restricciones en el llenado de vacantes, tal como ha ocurrido en las últimas directrices de contención de gasto", recomendó la CGR en su informe.
Ahorro
Las tres directrices del mandatario Luis Guillermo Solís, han contemplado, en materia de empleo público, la prohibición de crear nuevas plazas, sin previa autorización de la STAP (Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria) y restricciones para llenar plazas vacantes.
También incluyen el congelamiento de los salarios de los altos jerarcas del sector público, cuyo pago esté en manos del Gobierno Central, y restricciones para usar sobrantes en la partida de remuneraciones para financiar otros gastos
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"Esto no ha representado una mejora considerable en el comportamiento de la partida (remuneraciones), dada la inercia salarial implícita en el sistema remunerativo", explica la CGR.
La Contraloría incluye en su análisis una cita de un informe, del 2015, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sistema salarial público costarricense.
"El sistema salarial público costarricense es difícil de controlar, ajustar, proyectar y administrar debido en parte a la falta de una base de datos integrada del empleo público, sin techo fiscal que limite el paquete de pagos, combinaciones complejas de bonificaciones y pluses que difieren enormemente de empleado a empleado, y una red interrelacionada de convenciones colectivas y legislación que vinculan aumentos salariales de un grupo a otro", cita el ente contralor.
Es por eso que la CGR advierte de la necesidad de profundizar la discusión sobre sistemas (de pago de salarios) más eficientes, "que respondan a principios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, bajo parámetros de responsabilidad fiscal".