Para construir las 15 torres que alojarían a 285 familias, en la finca Boschini en Alajuelita, se necesita estabilizar el talud.
Así lo advirtió la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en dos informes, del 2008 y 2010, que se presentaron antes de que el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo comprara la propiedad.
El costo de esas obras es de ¢400 millones, monto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en junio anterior.
El valor de la estabilización del talud es casi el costo total de esa finca, en la cual se invirtieron ¢512 millones.
“Nuestro planteamiento, desde que se hizo el primer informe, es que el talud que colinda con la quebrada Chinchilla es inestable. La posición nuestra no ha cambiado ni va a cambiar”, explicó Lidier Esquivel, de la CNE.
En el 2008, un estudio de la CNE advirtió de que el lote no es apto para la construir debido a que no hay suficiente espacio, por la cercanía del talud al río.
“Se constató que los márgenes de la quebrada Chinchilla presentan un alto grado de inestabilidad a deslizamientos. La inestabilidad será progresiva”, dijo en su estudio la CNE.
La Comisión, además, expresó que el terreno se ubica 500 metros al sureste de una falla geológica, por lo que hay amenaza de fallamiento local.
“Ante un evento sísmico es muy factible que los procesos de agrietamiento sean mayores y con retrocesos hacia la propiedad, lo que requiere un análisis exhaustivo desde el punto de vista de estabilidad de los taludes”, mencionó la CNE.
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, del periodo 2011-2012, denunciaron en un informe las irregularidades del terreno.
En el documento se mencionó que por las condiciones topográficas y de alta vulnerabilidad del terreno, solo se podría utilizar un 41% de la superficie para planes habitacionales.
El ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, dijo que la otra parte (59%) se podría usar para áreas verdes y recreativas.