Por: Irene Vizcaíno 23 julio, 2015

Un chofer de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) recibió el pago de ¢1,5 millones por horas extra en abril.

Con ese sobresueldo, más ¢842.000 por anualidades y su salario base de ¢311.000, este empleado redondeó ¢2,8 millones de salario. Un mes después, la remuneración fue de ¢1,9 millones, y en junio, de ¢1,5 millones.

Este ejemplo, dado a conocer por La Nación la semana pasada , revela el peso que tienen los incentivos, como las anualidades y el pago de horas extra , en algunas entidades públicas.

Una serie de publicaciones realizadas por este medio señalaron situaciones similares en entes como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE ); la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL); la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

Son estos pluses los que permiten a un oficial de tránsito, o su equivalente en la UCR, recibir ¢2,4 millones en un mes. En su caso, por pago de horas extra y salarios retrasados, según el rector, Henning Jensen.

En promedio, las 249 personas con ese mismo puesto ganan ¢1.057.526, en la UCR. En cambio, un tráfico del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recibe ¢630.000 y, si tiene un título profesional, le sube a ¢800.000.

En el ICE, un misceláneo obtuvo ¢1,3 millones de salario, mientras que en el sector privado se le pagan ¢300.000.

Los incentivos también son causa de que en la CNFL, seis de cada 10 empleados devenguen más de ¢1 millón.

La brecha la reconoció Jorge Pacheco, gerente interino de Fuerza y Luz, quien afirmó que la diferencia en los salarios de la CNFL con respecto a los del sector privado, se debe a los pluses que solo paga el Estado.

Los salarios corresponden a planillas reportadas por las instituciones al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).