A las 2 a. m. de este martes el Gobierno logró levantar el bloqueo que mantenía un grupo de finqueros en el territorio indígena de Salitre, ubicado en Buenos Aires de Puntarenas.
Durante el pasado fin de semana, el grupo de finqueros quemó varios ranchos de indígenas para reclamar su posición de esos terrenos. Sin embargo, la ley de 1977 señala que los territorios indígenas son exclusivos de la población autóctona.
Pese a que el Gobierno mantiene comunicación con finqueros e indígenas de la zona, aún los nativos señalan que hay niños y mujeres escondidos en los pueblos de puentes Yeri y Santa Candelaria por el temor de que los sikuas (no indígenas) cometan actos violentos. Están a la espera de la propuesta del viceministerio de la Presidencia.
"El domingo fue una noche terrible para nosotros. Nos escondimos en las montañas porque los finqueros entraron con antorchas, focos, piedras y palos. Golpearon a mujeres y niños y las autoridades dicen que son delitos menores", dijo Ligia Suárez, indígena bribri de Salitre.
El Ministerio de la Presidencia mantendrá en las próximas horas una reunión con la comunidad bribri de Salitre para presentar la propuesta de negociación sobre este conflicto.
"Vamos a presentarles el plan de acción. A las 2 a. m. logramos levantar el bloqueo que había hacia la comunidad de Cebror y mantenemos reportes de quienes entran y salen de la reserva indígena", dijo la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.
En el territorio hay representantes de la Defensoría de los Habitantes, del Registro Nacional y los diputados del Frente Amplio y Acción Ciudadana (PAC), Carlos Hernández y Laura Garro, respectivamente.
Los indígenas señalan que gran parte del grupo de agresores son de territorios vecinos y que son contratados por los finqueros que reclaman las tierras.
Pese a que en el 2013 se inició una mesa de diálogo y hay planos de catastro de esa localidad, los indígenas señalan que las agresiones y amenazas verbales por parte de los "blancos" son constantes y que aún hay fincas en manos de personas no indígenas.
En la entrada de Salitre hay camiones y se mantiene un grupo de unos 30 no indígenas que apuntan placas de los vehículos que ingresan a la zona.
Según Zúñiga, se van a revisar los problemas de agua potable en la zona, así como otras necesidades insatisfechas tales como derecho a una vivienda.
En este momento, hay 15 expedientes que están en las instancias judiciales sobre el tema de usurpación de tierras indígenas.