Estudiar o recibir capacitación son obligaciones delos beneficiarios

Por: Daniela Cerdas E. 27 marzo, 2015
El precario Miravalles, en Tirrases de Curridabat (arriba), recibió el martes la visita de Raquel Quesada (izquierda), cogestora del IMAS. En una de estas destartaladas casas residen María Sancho y sus dos hijos, a quienes deberá integrar a la Red de Cuido para salir a estudiar, según el compromiso adquirido. | JORGE ARCE
El precario Miravalles, en Tirrases de Curridabat (arriba), recibió el martes la visita de Raquel Quesada (izquierda), cogestora del IMAS. En una de estas destartaladas casas residen María Sancho y sus dos hijos, a quienes deberá integrar a la Red de Cuido para salir a estudiar, según el compromiso adquirido. | JORGE ARCE

La rutina de María Sancho fue interrumpida el martes por una funcionaria del IMAS, quien llegó a ofrecerle un subsidio mensual de ¢75.000 a cambio de que asuma algunos compromisos.

Sancho tiene 20 años y es madre de dos niños. Vive en un precario en Tirrases de Curridabat. Si algo llega a su mesa, es por la solidaridad de sus familiares, quienes, como ella, son muy pobres.

La propuesta planteada por la funcionaria del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), quien se identificó como la cogestora Raquel Quesada, es que su hija asista al Cen-Cinái y que su hijo de un año sea incorporado a la Red de Cuido mientras ella aprende a leer y escribir en el marco de un programa del Ministerio de Educación Pública.

Así, tendrá más posibilidad de hallar empleo.

El de María Sancho es uno de los 54.000 hogares identificados en pobreza extrema en el país, a los que el Gobierno pretende llegar con ayuda económica y otros mecanismos que los saquen de esa condición.

Se trata de posibilidades de estudio para el jefe o jefa del hogar y sus hijos, capacitaciones para aprender un oficio, cuido de hijos y atención en salud.

El plan Puente al Desarrollo, anunciado ayer, se inició en enero para los 75 distritos considerados prioritarios.

Con este se pretende romper con la vieja práctica de limitarse a dar asistencia y, más bien, “potenciar las capacidades” de las familias para que puedan cambiar su situación.

Actualmente, hay 5.000 familias en el programa. Otras 200 se negaron porque no quisieron firmar los compromisos.

Cogestores. El puente entre las instituciones del Estado que atienden la pobreza y las familias será un funcionario del IMAS denominado cogestor.

“Las familias serán visitadas por el cogestor, quien les explicará el plan. Las que acepten formar parte deberán firmar una carta con los compromisos adquiridos. De fallar por negligencia con las metas, se les retirará el apoyo económico, cuya base son ¢75.000”, dijo Yariela Guillén, quien labora como coordinadora de cogestores.

En el 2015 y el 2016 se trabajará con los primeros 27.500 hogares; la misma cifra se atendería entre el 2017 y el 2018, detalló Carlos Alvarado, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Habrá 160 cogestores; cada uno tendrá 170 familias a cargo. Ya se contrataron los primeros 58 y se está en proceso de reclutar a los restantes.

Según Guillén, el cogestor definirá las necesidades de las familias y determinará cuáles ayudas del Estado requieren. Les dará seguimiento para comprobar que cumplan con lo firmado.

El programa dura dos años en cada hogar; luego, a estas familias se les deja “conectadas” a las entidades para que sigan. Los beneficiarios también podrán acceder a bonos de vivienda.

María Sancho aceptó formar parte del proyecto.

“Estoy muy emocionada. Yo quiero aprender a leer. Yo no sabía que estos programas existían”, manifestó Sancho.

Panorama. La Encuesta Nacional de Hogares, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), indicó que el 2014 cerró con el nivel más alto de pobreza de los últimos cinco años, un 22,4%.

En números absolutos, como prefiere decirlo el IMAS, en el país había el año pasado 318.810 hogares en pobreza; de ellos, 94.810 en pobreza extrema, o sea que no tenían tres comidas al día. Entre los principales motivos, según la misma Encuesta de Hogares, están el alto desempleo y el poco crecimiento de ingresos por salarios.

La Encuesta Continua de Empleo de febrero reveló el crecimiento en 1, 4 puntos porcentuales de personas sin trabajo, para llegar a un 9,7%. Esto implica que hay 220.175 personas sin empleo.

Ayuda a los más pobres. Según el ministro Alvarado, con la labor de los cogestores se hará una inversión más eficiente de los recursos y se combatirán anomalías que hubo en el pasado.

Por ejemplo, del total de las becas de estudio otorgadas en el 2013, solo el 17,8% llegó a los hogares en pobreza extrema y el 30% a otros pobres. El 12,6% de los bonos de vivienda los recibieron hogares extremadamente pobres, el 38,9% fueron para grupos medios y un 8,2%, para grupos en condición acomodada.

Para Yariela Guillén, muchas de las ayudas no llegan a los más pobres porque ellos no saben que existen.

“Otros tienen que decidir si destinan su dinero a pasajes para ir a preguntar por una ayuda o si lo destinan a comer”, dijo.