En otro escenario, patrono, trabajador y Estado cotizarían el 26,4% del salario

Por: Óscar Rodríguez 20 diciembre, 2016
La CCSS contrató a la UCR para hacer un nuevo estudio actuarial al IVM, luego de rechazar el año pasado el informe del actuario Eduardo Melinsky. | MARCELA BERTOZZI
La CCSS contrató a la UCR para hacer un nuevo estudio actuarial al IVM, luego de rechazar el año pasado el informe del actuario Eduardo Melinsky. | MARCELA BERTOZZI

Un estudio elaborado para evaluar la salud financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) propone elevar la edad de jubilación de los trabajadores, de 65 años a 70 años, para dar sostenibilidad al sistema.

El análisis actuarial, preparado por la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), ratifica que la reserva del fondo se agota en el 2030, 10 años antes de las proyecciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Entre otro escenarios, plantea elevar la cotización obrero-patronal y del Estado, de forma escalonada, del 9,16% hasta el 26,4% del salario del trabajador.

En la nueva distribución, el aporte del patrono sería del 13,99%, el del empleado, de 8,72% y el estatal, de 3,69%. Ese porcentaje se alcanzaría en el 2049 con ajustes a partir del 2019.

El estudio también propone que la pensión sea del 40% del promedio del salario de la persona que se pensiona y sea complemente con la pensión obligatoria complementaria.

Actualmente el beneficio de los jubilados es hasta del 60% del sueldo del trabajador.

Las cuotas mínimas para retirarse se mantienen en 300.

Las modificaciones serían de aplicación solo para las personas que, al 31 de diciembre del 2015, tenían menos de 51 años.

Estas propuestas son parte de cuatro opciones de reforma que se presentan en el informe hecho por la UCR, a pedido de la CCSS.

Para que dichas medidas se apliquen deben ser aprobadas por la Junta Directiva de la Caja.

La institución autónoma publicó anoche el estudio actuarial de la UCR en su sitio web.

María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja, confirmó que la Directiva recibió a los especialistas de la UCR y conocieron el estudio.

Sin embargo, será hasta enero del 2017 cuando se inicie la discusión del informe en la Gerencia de Pensiones, y luego en la Junta.

“Ellos (UCR) hicieron unas recomendaciones y construyen varios escenarios. Tenemos que analizarlas para proponer algunas medidas de mediano y largo plazo”, aseguró Sáenz.

El IVM tiene 238.644 beneficiarios y alrededor de 1,4 millones de trabajadores cotizan para este régimen, el más importante del país. El régimen tienen una reserva de ¢2 billones.

Régimen en crisis

El estudio de la UCR establece tres momentos críticos en el IVM.

En el primero, que se alcanzó en el 2012, fue cuando los ingresos del régimen fueron insuficientes para pagar las pensiones y se comenzó a usar dinero de las ganancias de las inversiones para pagar a los retirados.

El segundo momento, es cuando la CCSS empezaría a utilizar el dinero de la reserva para pagar a los jubilados. Dicho momento ocurriría en el 2024, en el escenario más probable o base.

El último momento crítico, es cuando se agota la reserva del fondo, momento que ocurriría en el 2030 si no se hacen reformas.

En ese año, el régimen se convertiría en un fondo de reparto puro, esto quiere decir que cada ¢1 que entre se usará para pagar pensiones. En ese instante el Gobierno tendría que hacer aportes fiscales adicionales al IVM por la garantía estatal.

“Si no se toman medidas urgentes se estima que los ingresos de aportes e inversiones dejarán de ser suficientes para honrar los gastos en 2022-2028, por lo cual se tendría que utilizar la reserva, la cual se agotaría en 2027-2034”, recalcó el informe de la UCR.

Camino a la insolvencia
Camino a la insolvencia

Rolando Barrantes, representante del Estado en la Directiva de la Caja, afirmó que es urgente hacer cambios en el régimen.

“Habrá, necesariamente, un proceso de diálogo con diversos actores sociales y políticos. Lo vamos a tomar con la mayor prontitud”, dijo Barrantes.

Para el directivo Óscar Fallas deben considerarse todos los elementos económicos, sociales, políticos y técnicos porque tendrá un impacto en la población.

La Superintendencia de Pensiones (Supén) alertó, hace una década atrás, a la CCSS, de realizar cambios urgentes al IVM.

Incluso, ambas instituciones públicas contrataron al actuario, Eduardo Melinsky, para hacer un primer estudio independiente, pero los resultados no fueron reconocidos por la Caja.

Colaboraron Ángela Ávalos y Esteban Ramírez