Alumnos pagan hasta ¢100.000 por trámites y no existe regulación estatal

Por: Alberto Barrantes C. 18 marzo, 2015
En el 2014, las universidades privadas subieron hasta en un 10% el costo de su matrícula y de los cursos con respecto a los precios del 2013. El costo de trámites adicionales, tales como convalidaciones, certificaciones de notas y graduaciones, está fuera de control. | LUIS NAVARRO.
En el 2014, las universidades privadas subieron hasta en un 10% el costo de su matrícula y de los cursos con respecto a los precios del 2013. El costo de trámites adicionales, tales como convalidaciones, certificaciones de notas y graduaciones, está fuera de control. | LUIS NAVARRO.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) pretende controlar las tarifas que cobran las universidades privadas a sus estudiantes por trámites como convalidación de materias, certificaciones y graduaciones.

Para ello, el Ejecutivo redactó un proyecto para reformar la Ley de Creación del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), que supervisa a las 53 universidades privadas del país.

A la fecha, el Conesup solo puede intervenir en la aprobación de tarifas de cursos y matrícula de cada centro.

Con la nueva ley se le confiere al Conesup la autorización de revisar todos los cánones, derechos o tasas que las universidades cobren a sus estudiantes.

La iniciativa de ley procura endurecer los controles hacia esas instituciones, para garantizar la calidad de la oferta académica. La Ley N.° 6.693 del Conesup rige desde 1981.

En un sondeo de La Nación , el costo por un documento de certificación de notas varía entre ¢55.000 y ¢98.000, según la universidad y si el estudiante pide una descripción de los cursos de su plan de estudios.

El precio por el acto de graduación podría llegar hasta ¢378.000, en el caso de los estudiantes en Ciencias de la Salud.

Para convalidar materias, las universidades cobran entre ¢24.000 a ¢100.000, sin importar la cantidad de materias.

“Si el Estado incumple con la tarea de fiscalizar la calidad de la educación superior, son los jóvenes quienes pagan la factura”, dijo Isabel Román, investigadora del Estado de la Educación.

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) estima que a la fecha se imparten 1.200 carreras.

La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, manifestó que el argumento de que son instituciones privadas no es válido cuando se trata de regular la calidad de la educación y los derechos de los estudiantes.

“Una vez aprobada la ley, si las universidades incumplen, se les puede sancionar, según sea el caso, con suspensión de matrícula, cierre de carreras y si es muy grave con el cierre de la universidad”, afirmó la jerarca Mora.

La falta de personal y una legislación vigente desde hace 33 años son la excusa del Conesup para cumplir con su mandato legal de supervisar la oferta de las universidades privadas.

Aumentos. Durante el 2014, las universidades privadas subieron hasta en un 10% el costo de su matrícula y de los cursos, con respecto a los precios del 2013.

Es decir, un estudiante de Ciencias Médicas quien pagaba ¢350.000 por una materia en el 2013 cancela hasta ¢385.000 por los mismos contenidos en el 2014. Los precios varían según la carrera y centro superior.

Las universidades justifican el alza para financiar mejoras en la infraestructura, contratación de más docentes y compra de equipo para laboratorios, sin que necesariamente estas mejoras sean notorias.

El último informe del Estado de la Educación (2013), del Programa Estado de la Nación, concluye que una de las debilidades de las universidades privadas es la falta de inversión en infraestructura.

La ministra Mora añadió que dentro de las reformas que se plantean se exige la acreditación de todas las carreras de Educación, Salud e Ingeniería Civil, en un plazo de cinco años.

“Si las universidades incumplen con este requisito no se les renovará la autorización para impartir esa carrera. Es una forma de garantizar el sello de calidad en estas carreras de tanta importancia social”, explicó Mora.

Previo a que el proyecto de ley ingrese a la corriente legislativa, el MEP abrirá un periodo de consultas, entre el 6 y el 10 de abril, para recibir las observaciones de estudiantes y universidades.