El Ministerio de Educación Pública (MEP) no puede demostrar que más de 47.000 sillas, mesas, pupitres y escritorios que repartió en el 2015 le pertenecen, pues ninguno de esos bienes tiene un rótulo o marca de la institución.
Este fue uno de los señalamientos que hizo la Contraloría General de la República (CGR) en su informe NRO.DFOE-SOC-IF-17-2016, dado a conocer el 10 de enero.
Según el ente contralor, hace dos años, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP hizo una compra masiva de 47.884 activos con el fin de entregar mobiliario para administrativos, docentes y estudiantes. Se trató de una transacción por ¢1.781 millones.
Sin embargo, el Ministerio no los rotuló para identificarlos como de su propiedad y establecer los responsables finales de su custodia, uso y estado de conservación.
La situación contradice el artículo 1.° del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, el cual señala que todo bien sujeto a capitalización que ingrese a la Administración deberá ser identificado por un sistema de rotulado que incluya una placa de metal, plástico o cualquier otro sistema de "alta seguridad".
Además, el numeral 4.3 de la Ley de Control Interno para el Sector Público indica que se deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente, entre otras cosas, el inventario de los activos pertenecientes a la institución.
"La ausencia de un adecuado sistema de rotulación de los activos fijos va en detrimento del control efectivo y del resguardo y salvaguarda de los activos institucionales y dificulta comprobar su existencia así como el establecimiento de acciones correctivas ante eventuales daños o pérdidas, lo cual va en detrimento de los principios de transparencia, rendición de cuentas, utilidad, razonabilidad, la buena gestión administrativa y su verificación posterior", añade la Contraloría.
El mobiliario comprado fue distribuido por la DIEE entre las 27 direcciones regionales del MEP.
De acuerdo con el MEP, la falta de recurso humano y de espacio con que cuenta la Dirección de Proveeduría Institucional en el Centro de Almacenamiento y Distribución impidieron realizar ese proceso de rotulación.
Marco Fallas, viceministro administrativo del MEP, dijo que, en cuanto a los bienes que se adquieren para dotar de equipamiento a los centros educativos, estos se entregan directamente a las escuelas y colegios, por lo que este procedimiento de asignación y registro sigue un camino diferente al de los demás activos del MEP.
"Esta identificación y asignación se realiza por bloques a nombre de cada centro educativo y no debería ser contabilizada a nombre del MEP, sino, de cada Junta de Educación o Administrativa como organismos con su propia instrumentación jurídica", explicó Fallas.
Tras los hallazos, la Contraloría pidió al MEP definir e implementar mecanismos de control que garanticen que todos los activos fijos adquiridos y distribuidos a sus distintas dependencias, se identifiquen, con medios idóneos, como propiedad del Ministerio y, así establecer los responsables finales de su custodia, uso y estado de conservación.
"Para acreditar el cumplimiento de la disposición, deberá remitirse a esta Contraloría General, a más tardar el 31 de julio de 2017, una certificación donde se haga constar que dichos mecanismos de control fueron debidamente definidos e implementados", indicó el informe.
Otros hallazgos
A inicios de diciembre del 2016, la Contraloría General de la República (CGR) también regañó al MEP por incumplir la cobertura educativa. Se determinó que, actualmente, el 7,2% de los niños entre 6 y 11 años no están en las aulas, o cursan un nivel que no corresponde con su edad.
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En el análisis, dado a conocer en el informe número DFOE -SOC-IF-09-2016, la Contraloría encontró que el país no logró cumplir algunos de los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio del año 2000, Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que son ocho ejes del desarrollo que 189 naciones se comprometieron a seguir como una ruta ética para lograr el progreso de la ciudadanía.
Además, también incumplió algunos de los compromisos del Programa Educación para Todos (EPT), de la Unesco, que es un acuerdo mundial para dar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos.
Se incumplió el objetivo 2 de la EPT y el 2.1 de la ODM relacionado con que al 2015 todos los niños tengan acceso a la educación primaria y la culminen. En el año 2000, la tasa neta de escolaridad en primaria era del 96,5%; en 2015, esa cobertura se redujo hasta llegar a un 92,8%, una diferencia de 3,7%.
La Contraloría encontró que el MEP también mantiene necesidades "insatisfechas de aprendizaje en jóvenes", con lo que incumple el objetivo 3 de EPT. Empero, la tasa neta de escolaridad en secundaria mostró que la cobertura de este nivel, para los alumnos de 12 a 16 años, pasó de 51,6% en el año 2000, a 70,9% en el 2015.
Además, la Contraloría también advirtió al MEP, en su informe N.° DFOE-SOC-IF-010-2016, que la estadística de la institución sobre rendimiento, oferta académica, bachillerato y distribución de docentes y administrativos presenta una serie de debilidades.
Esta, según el ente contralor, no cumple con los compromisosde calidad, imparcialidad, objetividad, relevancia, precisión y fiabilidad y no aplica la normativa que regula la materia estadística, e incumple las buenas prácticas nacionales e internacionales en esa materia.