Viceministra dice que solo la Junta Directiva es capaz de tomar decisiones

Por: Alberto Barrantes C. 17 julio, 2014
Sherry Cortés y su hijo Danny Miranda viajaron el lunes desde Esparza para preguntar en el Fonabe por la beca del menor, pero no lograron respuesta. La escuela de Miranda tiene cita hasta mayo del 2015. | JULIANA BARQUERO.
Sherry Cortés y su hijo Danny Miranda viajaron el lunes desde Esparza para preguntar en el Fonabe por la beca del menor, pero no lograron respuesta. La escuela de Miranda tiene cita hasta mayo del 2015. | JULIANA BARQUERO.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) alega incompetencia para intervenir el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) pese al desorden con 68.000 becas a estudiantes pobres que no han sido asignadas.

Rocío Solís, viceministra administrativa del MEP, reconoció que, aunque el Fonabe está adscrito a ese ministerio, una eventual injerencia está limitada por la ley de creación del Fondo, de 1997, que establece que esa institución goza de “máxima desconcentración”.

Es decir, aunque Educación se encarga de girar recursos al Fonabe y paga la planilla de sus funcionarios, la Junta Directiva del Fondo es el máximo órgano en la toma de decisiones de la entidad.

“Nosotros no podemos tener injerencia, porque es un órgano de máxima desconcentración. Tenemos que llegar a un acuerdo para ver cómo la Junta Directiva del Fonabe resuelve cuanto antes esta situación y ejecuta las becas”, comentó la viceministra.

Esas 68.000 becas representan un monto no ejecutado de ¢16.162 millones, de los ¢30.500 millones que tiene el Fonabe este año para becas. Los más afectados son estudiantes de preescolar y primaria.

La Nación también comprobó que, pese a la subejecución de esos beneficios, el Fondo asigna citas para nuevos trámites hasta el 2015.

“Sabemos que son fondos públicos y tenemos que dar cuenta a una población de escasos recursos que depende de esas becas para estudiar, para pagar los pasajes del bus o para alimentación. Hay una preocupación del MEP de llegar a una resolución positiva”, añadió la viceministra Solís.

La funcionaria solicitó al Fondo que asignen las 68.000 becas pendientes en un plazo inferior a los próximos dos meses.

Sin embargo, el único que puede intervenir en la entidad, mediante petición, es el mandatario Luis Guillermo Solís.

Sin respuestas. La representante del MEP en la Junta Directiva del Fonabe, Jinney Castillo, quien funge como presidenta, no respondió a las consultas de La Nación ; su secretaria alegó que estaba en una reunión, mientras que el director ejecutivo Luis Barrantes sigue sin responder sobre el monto de salarios de los jerarcas de la entidad. Tampoco atendió una visita el lunes de este medio, ni llamadas telefónicas realizadas.

El ministro de Bienestar Social, Carlos Alvarado, reconoció que no descarta una intervención al Fonabe, pero dijo que es un tema que aún no se ha conversado con el presidente de la República.

Tampoco reciben respuestas los padres de familia, directores y encargados de los comités de becas en los centros educativos, quienes reclaman por el mal trato que reciben por parte del Fondo.

“Tengo una niña con síndrome de Down y vine a presentar la documentación para tramitar la beca y no les importó. Se burlan de uno, le dicen que saque cita para el otro año por Internet. Se siente una impotencia terrible; nadie nos ayuda”, protestó Yancy Valverde, vecina de Los Guido de Desamparados.

Los miembros de la Junta Directiva de Fonabe son: Jinney Castillo (presidenta; delegada del MEP); Camilo Saldarriaga (vicepresidente, Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS); Roberto Hall (secretario, Colegios Profesionales Universitarios); Rosaura Sánchez (tesorera, Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, Uccaep); Raquel Zeledón (vocal, Consejo Nacional de Rectores, Conare) y, Laura Araya (fiscal, Procuraduría General de la República).

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