Contraloría acogió objecciones a la adjudicación que hizo Banco Nacional

Por: Alberto Barrantes C. 8 mayo, 2015

La promesa de convertir un crédito de ¢85.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en aulas y espacios deportivos para 43.000 estudiantes sigue varada en el tiempo.

Desde que se aprobó el préstamo, en marzo del 2013, el avance ha sido nulo, debido a que no está firme la escogencia de la unidad ejecutora encargada de supervisar la construcción de 77 centros educativos

El Banco Nacional (administrador del fideicomiso) adjudicó, en noviembre del 2013, la función como unidad ejecutora a la firma Studio Calvi LTD. Sin embargo, esa decisión chocó con tres apelaciones y la Contraloría General de la República (CGR) le dio la razón a dos de ellas, en marzo pasado.

En la resolución, la CGR anota que el Banco Nacional (BN) excluyó información válida de la empresa SGS Consultores, otro de las interesadas, en el proceso de adjudicación.

“La CGR solicitó que se valorarán las ofertas con la nueva información aportada por las oferentes. Lo cual fue ejecutado y ya se cuenta con adjudicación en firme”, afirmó Carolina Villalobos, directora de la Dirección Fiduciaria del BN.

Sin embargo, cuando se consultó por el nombre de la empresa adjudicada “en firme”, la directora Villalobos indicó que hay otra apelación y que esperarán el criterio de la CGR para responder.

“Se ha recibido una notificación de una apelación y se esperará a que la Contraloría la resuelva”, agregó la directora.

Este año, solo las escuelas de San Isidro, en León Cortés, y Mata de Plátano, en Goicoechea, verán avances en las obras, porque ya tenían el terreno y los planos.

Todas las restantes 77 tendrán que seguir esperando por el uso del fideicomiso, plan diseñado desde el 2011.

El BN afirmó que mientras la selección de la unidad ejecutora se encuentre en pausa, tomarán acciones paralelas para agilizar la coordinación de otras tareas entre el MEP y el Banco.

“Se están realizando las gestiones para obtener ofertas para la compra de los terrenos que se requieren y en adelantar los procesos de contratación para la construcción de dos centros educativos”, dijo Villalobos.

El fideicomiso educativo no constituye la totalidad de la inversión del MEP en infraestructura, sino que es una herramienta que complementa el presupuesto ordinario, que este año ronda los ¢73.500 millones.

Impacto. Los centros educativos seleccionados son de atención prioritaria debido al estado deplorable en el que se encuentran sus aulas y áreas deportivas.

La espera solo se traduce en incertidumbre para los directores y en falsas ilusiones para los estudiantes que cada año, esperan la construcción de aulas nuevas.

“Es un proceso que ha sido lento. Nos habían indicado que este año se empezaba y nada. No tenemos nada concreto. Eso apaga las ilusiones de los estudiantes en el gimnasio que se prometió con el dinero del fideicomiso”, afirmó Luis Carlos Zúñiga, subdirector del Colegio Técnico Profesional de Nandayure, Guanacaste.

Esa institución tiene 575 estudiantes en jornada diurna y otros 175 que asisten en las noches.

De igual forma, la escuela Finca La Caja arrastra desde hace 20 años serios problemas de infraestructura para la cantidad de población que atienden que supera los 1.900 alumnos.

“Uno ve que hay voluntad del MEP, pero el dinero está ahí y la burocracia nos frena. Aquí las necesidades son altas en infraestructura y en seguridad.”, expresó Miguel Aguilar, director de la Escuela Finca La Caja.