Críticos: dinero para la educación superior pública es ‘cheque en blanco’

Por: Alberto Barrantes C. 12 junio, 2015
El fondo asignado a las universidades públicas en el período 2011-2015 es comparable al costo de la construcción de unos 30 estadios como el Nacional, en La Sabana. | JORGE ARCE.
El fondo asignado a las universidades públicas en el período 2011-2015 es comparable al costo de la construcción de unos 30 estadios como el Nacional, en La Sabana. | JORGE ARCE.

La cantidad de dinero que el Estado les girará a las universidades públicas en los próximos cinco años encendió la polémica entre diputados, rectores y estudiantes, cuando aún faltan dos meses para que dé inicio la negociación con el Gobierno.

En el periodo 2011-2015, esos centros de estudio recibieron ¢1,6 billones a través del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). De ese monto, el 52% se utilizó para pagar los salarios de 8.853 profesores.

Según los rectores de las universidades estatales, el porcentaje restante (48%) sirvió para abrir espacio a más estudiantes, otorgar más becas (a la fecha, 52% de los universitarios son becados), invertir en infraestructura y ejecutar unos 6.000 proyectos de acción social e investigación.

Las universidades públicas han aumentado un 17,2% su matrícula en sedes centrales, al pasar de 51.008 estudiantes registrados en el 2009, a 60.090 matriculados para el ciclo lectivo 2014.

La cantidad de alumnos en sedes regionales subió un 44%, de 22.000 estudiantes en el 2010 a 31.727 alumnos el año pasado.

Del fondo estatal, a la Universidad de Costa Rica (UCR) le toca un 57,7 %; la Universidad Nacional (UNA) recibe 23 %; el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 11,3 %, y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), 7,5 %. En el próximo quinquenio, la Universidad Técnica Nacional (UTN) también recibirá una parte.

A favor y en contra. Pese a la oposición de algunos grupos, los rectores insisten en la necesidad de que el FEES 2016-2020 crezca.

“No se puede frenar el crecimiento de las universidades porque en ellas se genera un recurso humano para el crecimiento del país. Sí hay que hacer un balance cuidadoso, que tome en cuenta la economía del país”, dijo Julio Calvo, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

Sin embargo, desde el Congreso, empresas privadas e incluso de algunas entidades públicas, diversas voces claman por recortar o darle otro uso al fondo.

Una de esas es la del diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario, quien sugirió asignar los recursos del FEES a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape).

“Hago una propuesta revolucionaria, que tomemos la plata del FEES y se la trasladamos toda a Conape y que el estudiante que no tenga recursos vaya y se financie sin hipoteca, sin fiadores. Solo firma una letra de cambio y luego le devuelve al Estado”, expresó el legislador libertario.

Guevara también argumentó que esta educación pública es cinco veces más cara que la privada. Esa fue su conclusión luego de dividir el monto del FEES entre el número de alumnos matriculados en el sistema público.

“Mientras un estudiante de Derecho de una universidad privada paga ¢1 millón por ocho meses, un estudiante de Derecho de la UCR le cuesta al país más de ¢5 millones”, aseguró Guevara.

Su posición concuerda con las bases de un proyecto de ley impulsado por la rectora de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit), Silvia Castro, con el cual pretende que las privadas puedan recibir parte del fondo estatal.

“Que nos den el 0,5% del FEES; es una migaja. Que nos dejen demostrar que podemos hacer un buen uso de esos recursos. Serían fondos concursables. No es un cheque en blanco, como sí lo es para las universidades estatales”, manifestó Castro a La Nación en mayo pasado.

La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ana Teresa León, expresó, en una conferencia en la UNA, el interés de echar mano a dineros del FEES para proyectos a favor de la niñez del país.

La polémica sobre la asignación de fondos públicos para las universidades estatales empieza a calentar, mientras la Contraloría General de la República (CGR) y la Asamblea Legislativa discuten sobre la necesidad de revisar los gastos del Estado y la posibilidad de recibir nuevos ingreso mediante la actualización de impuestos, como el de ventas.

Riesgos. El presidente del Conare advirtió de que, en momentos de crisis, la negociación sobre el FEES debe pasar por una discusión responsable y racional.

“Hay que evaluar la verdadera dimensión de la educación superior pública. Hay que poner los datos en contexto y, en momentos de crisis, hay que ser racional para evitar recortes de los que nos podríamos llegar a arrepentir en el futuro”, indicó Calvo.

Cuando se negoció el presupuesto para este 2015, que repartió ¢410.500 millones, el Ejecutivo y las universidades estatales acordaron definir una agenda de cooperación.

Con ese paso, se pretende que los centros públicos de estudios superiores aporten proyectos para llenar baches en educación, salud, cultura, ambiente, energía y tecnología, entre otros.

El monto asignado del FEES para este año representó un 1,38% del producto interno bruto (PIB) y un alza de un 14% en relación con lo entregado en el 2014.

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