Consejo de la UCR archiva informe sobre actuación de rector

Bajo estas circunstancias, el informe elaborado por la Contraloría Universitaria queda en el archivo. Dicho documento indicó que Jensen debió haberse abstenido de la aprobación de ese presupuesto. Además, recomendaba al Consejo resolver a qué órgano le correspondía determinar si el jerarca había incurrido o no en una falta administrativa.

La Contraloría de la Universidad de Costa Rica (UCR) también concluyó que no hay evidencia de que el jerarca incurriera en tráfico de influencias.

"No existe procedimiento ni instancia definida en la normativa universitaria en virtud de la cual, instruir un proceso o calificar de alguna manera la actuación del señor, en este caso específico, como una falta que dé lugar al inicio de un proceso disciplinario, lo cual imposibilitaba dar una respuesta a la recomendación número 4 del informe (de la Contraloría)", dijo el acuerdo del Consejo.

En la misma resolución, recomienda al rector, a aquellas personas que ocupan puestos de dirección y a los demás funcionarios de esta casa de enseñanza que "deben abstenerse de firmar, autorizar, ratificar, dar vistos buenos o ejercer el voto nominal en todos aquellos asuntos en que puedan verse beneficiados de manera directa, parientes hasta en tercer grado de consanguinidad".

La medida, explica el Consejo, es para proteger los principios de "transparencia y probidad".

La votación para archivar el informe del Consejo quedó empatada 6 a 6, pero el voto doble de la directora del CU, Yamileth Angulo, resolvió el empate. Lo resuelto incluso provocó criticas entre sus integrantes.

"Lo que existe es una inmunidad solapada para los altos funcionarios de la Universidad, y eso significa también impunidad", aseveró Daniel Briceño, uno de los miembros.

Como alternativa, él planteó que Jensen, de manera voluntaria, se pusiera a disposición de la Asamblea Colegiada Representativa, la cual, en su opinión, tiene potestad para conocer el caso. Tal propuesta fue rechazada.

"Usted no puede decir que no existe, a nivel de una institución pública, un procedimiento. Eso es lo que estamos diciendo, que aunque no esté claramente establecido, debe buscarse la vía para tramitar una denuncia contra cualquier persona, porque está establecido para el resto de la comunidad universitaria, pero no para el rector", añadió Briceño.

Silvia Rojas, representante estudiantil, también se opuso al archivo del caso.

"Me parece indignante que no se sigan los lineamientos, como lo mencioné en el plenario. Yo creo que por encima de nosotros había un paso más y no quisieron darlo. Yo presenté una moción para eso, y se votó en contra. Me entristece mucho por la Universidad", comentó Rojas.

El rector Jensen dijo estar "muy complacido" por el acuerdo, pues reafirma lo que había concluido la Contraloría Universitaria, en el sentido de que el nombramiento de su hija siguió los trámites regulares establecidos y que no hubo tráfico de influencias.

La Nación consultó el criterio de Jorge Murillo y Marlen Vargas, dos de los miembros que votaron a favor de archivar el informe. No obstante, ambos se rehusaron a dar declaraciones. Hasta el momento, tampoco han contestado las llamadas telefónicas Carlos Araya (vicerrector de Administración, quien votó en lugar de Jensen), ni Yamileth Angulo.

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Frente al edificio donde se llevó a cabo la reunión, una docena de personas permaneció desde horas tempranas para exigir que se acataran las recomendaciones de la Contraloría.

"Queremos que la UCR dejé claro ante la opinión pública que aquí no se permite la impunidad", manifestó Rosemary Gómez, secretaria del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu).

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Mociones rechazadas. Los miembros que se opusieron a archivar el informe propusieron varias alternativas, las cuales fueron rechazadas.

Una de ellas, ideada por Rita Meoño, planteaba que el informe se divulgara entre la comunidad universitaria. Otras dos buscaban que el documento de Contraloría se enviara por voluntad propia al Ministerio Público y a la Procuraduría de la Ética.

"Es muy lamentable que ese acuerdo saliera en esos términos, me parece importante que la Asamblea Colegiada Representativa sepa que el acuerdo ignora su potestad como autoridad superior, y que nosotros no podemos compartir esa posición", expresó Meoño.

Investigación en el Ministerio Público. De forma paralela al procedimiento interno, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público investiga los hechos desde el pasado 16 de junio, en el expediente 16-013340-042PE.

"Actualmente, la Fiscalía se encuentra a la espera de un informe de la Contraloría Universitaria para determinar el delito aparentemente cometido", informó la Fiscalía por medio de su oficina de prensa. En este momento, la causa se sigue contra ignorado.

Glenn Sittenfeld, contralor universitario, comentó que la autoridad judicial solicitó el informe el 9 de agosto y agregó que el documento que se le entregará será una copia certificada e idéntica al informe que se le dio al Consejo.

Nota del editor: Esta nota fue actualizada a las 4:40 p. m.