¿Cuándo debería aplicarse una adecuación curricular? ¿Cómo se define el ajuste más pertinente para cada alumno?
Si alguien debería dar respuesta a esta pregunta, sería la persona a cargo de determinar y poner en práctica la medida: el docente.
Sin embargo, en la realidad ocurre algo muy distinto: de cada 10 docentes de primaria y secundaria, cuatro afirman que no se sienten preparados para hacerlo.
El dato surgió en una investigación que se hizo para el Cuarto Informe Estado de la Educación, aplicada a más de 600 maestros y profesores de todo el país. De estos, solo el 56% afirmó poseer el conocimiento necesario para adaptar la enseñanza a los requerimientos de los alumnos.
Al consultarles a los docentes si contaban con los recursos y las condiciones necesarias para implementar las adecuaciones, apenas 4 de cada 10 dijeron que sí.
El resultado fue aún más lúgubre entre profesores de secundaria, donde solo uno de cada cuatro dijo tener esa posibilidad, mientras que el 66% aseguró necesitar más apoyo. El 8,5% incluso dijo que aplicar los ajustes que exige la ley es “imposible”.
Estos resultados adquieren una mayor relevancia al considerar que las adecuaciones se han disparado desde la implementación de la ley 7.600 en 1998.
En 1999 se ejecutaron 59 adecuaciones no significativas por cada 1.000 estudiantes. Para el 2011, la cifra alcanzó 120. En el caso de las significativas, ese número aumentó de 3,1 a 14, 2 por mil.
Lady Meléndez, coordinadora de la investigación, explicó que el aumento por sí solo no puede considerarse bueno o malo, pues se desconoce si responde a la necesidad real para la cual se creó.
“La principal dificultad que tenemos en Costa Rica es la inflexibilidad del currículum; entonces, los padres de familia y estudiantes han encontrado en las adecuaciones una salida”, señaló Meléndez.
Asimismo, advirtió que en algunos casos los docentes implementan adecuaciones innecesarias por la presión de los padres y por temor a exponerse a medidas legales, como recursos de amparo.
Origen del problema. Para Gilda Aguilar, asesora de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública (MEP), los docentes abusan de esta herramienta por la débil formación en cómo atender a estudiantes con estilos distintos de aprendizaje.
Esa carencia también preocupa a Patricia Vásquez, directora ejecutiva del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec).
“Las adecuaciones existen y son una alternativa viable, pero no única. Deberían trabajarse metodologías más participativas y colaborativas; hay un montón de herramientas inclusivas que se enfocan no en el déficit, sino en potenciar las capacidades”, señaló Vásquez.
De hecho, la mitad de los educadores encuestados dijo desconocer estrategias alternativas para mejorar el rendimiento académico.
“Cuanta más variedad tenga a la hora de enseñar, menos necesidades de adecuaciones, pero eso debería aprenderse en la universidad y no en el MEP”, expresó Aguilar.
“No es concebible a estas alturas que un docente diga que no tiene formación cuando las universidades han tenido 16 años para ajustar planes de estudios”, añadió.
Lo cierto es que Costa Rica sabe muy poco sobre la calidad y los conocimientos de los 10.000 docentes que se gradúan de carreras de Educación cada año, pues solo 15 de las 259 carreras están acreditadas.
Del otro lado de la moneda, los educadores critican la falta de apoyo del MEP. Según la investigadora Meléndez, el tiempo insuficiente y el exceso de estudiantes, así como el escaso apoyo de educadores especiales, encabezan los reclamos.
Estas mismas críticas las han arrojado estudios del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica, según la decana de la Facultad de Educación, Lupita Chaves.
“Los docentes no se sienten preparados para atender las adecuaciones y tampoco sienten el apoyo del personal especializado en este campo”, manifestó Chaves.
Estas preocupaciones las han externado en reiteradas ocasiones la Asociación Nacional de Educadores y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
“Cuando usted tiene esa cantidad de alumnos en un aula y además hay niños con necesidades especiales, no hay forma de darles la atención que merecen, por más capacitado que esté”, afirmó Beatriz Ferreto, presidenta de la APSE.
Por su parte, Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, aseguró que esta investigación obliga al país a poner en la mira la calidad de formación inicial de docentes, pero también de analizar las condiciones en los centros educativos y la educación continua que brinda el MEP. Colaboraron: Alejandro Méndez y Cinthya Bran